Los industriales de la Comunidad no sólo sufren un agravio comparativo en la factura energética respecto a sus colegas del País Vasco. En realidad, la autonomía padece una desventaja competitiva frente a la gran mayoría de comunidades. El motivo, básicamente, es que este territorio cuenta con unas redes eléctricas de tercera categoría (de 1 kilovoltio (KV) hasta 24) en cuanto a su capacidad para la transmisión de electricidad. En concreto, la tensión habitual en la Comunidad es de 20 KV, frente a los 25 KV o 30 KV a que distribuyen mayoritariamente las redes en el conjunto del país, y que se encuadran en la segunda categoría (de 25KV a 72,5 KV).
Como ya adelantó este diario, la Conselleria de Economía está manteniendo negociaciones con sectores industriales valencianos y con la propia Iberdrola para reclamar que repotencie las redes en determinadas áreas geográficas a 30 kilovoltios, de modo que se rebaje el coste de la factura.
La distribuidora ya ha adelantado una respuesta negativa: descarta elevar la potencia de toda la red en la autonomía por el elevado coste de la operación. Con todo, la administración estudia pedir a Iberdrola, dentro del plan anual de 120 millones de inversiones, que acometa mejoras en áreas de gran concentración empresarial para reducir esta brecha energética con otras autonomías. En concreto, de los grandes motores económicos e industriales de España, sólo la autonomía estaría encuadrada en esta tercera categoría. Esta realidad contrasta con las de País Vasco, Navarra, Cantabria, Castilla y León o Asturias, donde la tensión habitual es de 30 kilovoltios, o de Andalucía, donde existen de 25 y 30 KV.
Y en lo que respecta a los costes, la capacidad de distribución de la red es fundamental. Existe una correspondencia entre las categorías de las líneas y los peajes de acceso a la red, que es el precio fijo del coste regulado por el Estado. Las empresas autonómicas de gran consumo son las que pagan una tarifa más cara (la 6.1A). Existe un sobrecoste importante respecto a lo que pagan las que disponen de redes de distribución de entre 30/36 KV.
Pero, además, existe un acuerdo político, pendiente de aplicación, entre el PP y el PNV que agrandaría aún más la brecha. Concretamente, los dos partidos pactaron, en el contexto de la aprobación de los presupuestos del Estado para 2017, la reforma de los peajes en las líneas de 30 KV.
El acuerdo supone la eliminación de la tarifa para las empresas que se conectan a tensiones de 30 a 36 KV (unas 1.250 empresas, principalmente del País Vasco), que quedarían encuadradas en otro grupo tarifario más barato.
El acuerdo está bloqueado. Entre otros problemas, Europa lo investiga como posible ayuda de Estado al beneficiar a unas pocas empresas.
