La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, reclama al Ministerio que las medidas que se adopten en el reglamento del plan de pesca plurianual que prepara la UE para especies demersales (las que viven cerca del fondo del mar) para el Mediterráneo Occidental «se aclaren y concreten, al igual que el impacto» que conllevarán.
Este plan, del que ya se han hecho estudios científicos previos, pretende revertir «el estado de degradación que presentan las pesquerías y ecosistemas de esta zona -una circunstancia de la que es consciente el sector, pero, al mismo tiempo, el proyecto persigue que la actividad de la pesca pueda continuar de una manera más sostenible», incidió ayer la representante autonómica en declaraciones a este periódico.
En este sentido, la consellera ya ha trasladado al departamento que dirige Isabel García Tejerina que «se pacten las medidas con el sector, que lo escuche y que estén muy respaldadas por estudios socioeconómicos, porque las reducciones de esfuerzo pesquero son medidas técnicas que se hacen en función de calendarios. Y es importante que pueda haber una adaptación progresiva», añadió.
El proyecto se refiere a especies demersales, como la merluza, los salmonetes, el langostino, la gamba roja o la cigala, entre otras.
El pasado lunes, Elena Cebrián asistió -junto a la delegación ministerial- al Consejo de Ministros de Pesca en Bruselas, en representación de las comunidades autónomas, que se reparten semestralmente esta asistencia. Era la primera reunión de cara a tener un intercambio de impresiones sobre el programa. Tras el inicio del debate europeo, se abre ahora el estatal. La consellera indicó ayer que en la reunión no se concretó cómo se aplicarán las propuestas sobre la reducción del esfuerzo pesquero de la Comisión. Las medidas afectarían, fundamentalmente, a la pesca de arrastre sobre fondos marinos hasta cien metros de profundidad entre mayo y julio de cada año, según la propuesta inicial. «Pero sobre eso no se ha decidido nada todavía», incidió la responsable autonómica.
Por eso, desde la Generalitat reclaman una mayor especificación y, al mismo tiempo que la normativa nacional -que conlleva el desarrollo del plan europeo- recoja las alegaciones de las autonomías ubicadas en el Mediterráneo:Baleares, Cataluña, Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que están en continuo contacto sobre este tema. Para la Conselleria, «es importante saber el impacto del plan en nuestra costa, que es peculiar, y donde no se pueden aplicar los mismos parámetros técnicos que en el Atlántico. Y estos aspectos, el Ministerio debe trasladarlos a la Comisión Europea y al Consejo de Ministros de Pesca de la UE», añadió Cebrián.
Paralelamente, estas autonomías han pedido una delegación del Instituto Español Oceanográfico, cuya sede central está en Vigo. «Y nosotros la queremos en la Comunidad», señaló la consellera.
