El conjunto de pensiones en la provincia se eleva a 312.683, según el último balance del Ministerio de Empleo y Seguridad Social correspondiente al mes de febrero. Y de ellas, el 52,9% (165.589) se encuentra por debajo de los 650 euros mensuales. Es decir, que la prestación de uno de cada dos pensionistas alicantinos es inferior a esa cantidad. En el otro extremo se encuentran los 832 que perciben la máxima de más de 2.584,14 euros brutos al mes, y que apenas suponen el 0,2% del total. La prestación media en Alicante se situó en febrero en 807,38 euros mensuales.
Analistas económicos de la provincia y los sindicatos mayoritarios coinciden en la urgencia de implantar cambios estructurales para corregir el déficit que arrastra la Seguridad Social en los últimos años y hacer sostenible el sistema de pensiones. El de hoy y el del mañana. Consideran que el escenario actual está muy marcado por la incertidumbre y que se necesitan soluciones efectivas que redunden en el aumento de ingresos que permitan financiar el sistema.
A su juicio, las propuestas planteadas ayer por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate monográfico sobre pensiones en el Congreso son sólo «medidas puntuales». El jefe del Ejecutivo anunció mejoras en las prestaciones más bajas y ayudas en el IRPF para pensionistas y familias. Aunque todo ello está supeditado a que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado.
Anuncios que «no representan una novedad, Rajoy está en su línea», asegura José María Rubio, secretario general del área de Pensionistas de CC OO en l’Alacantí- La Marina. «El problema gordo sigue existiendo, que es el mantenimiento y blindaje del sistema público de pensiones. Y este no es un problema económico, sino político», sentenció. Para Yaissel Sánchez, secretaria territorial de UGT en l’Alacantí- La Marina, «el discurso de Rajoy sobre el crecimiento económico no es sostenible con el mantenimiento de la devaluación presente y futura de las pensiones»
Los jubilados alicantinos, al igual que los de toda España, están saliendo a la calle en los últimos tiempos para protestar por la «mísera» subida del 0,25% que supone el índice de revalorización incluido en la reforma de las pensiones de 2013 y que desvincula la revisión a la evolución del coste de la vida. Una actualización que ha supuesto menos de dos euros de media al mes, y que los sindicatos exigen que se elimine, junto a la derogación de la normativa, que, además, incluye el factor de sostenibilidad, ligado al aumento de la esperanza de vida. Una medida que «va a suponer que en 20 años, hayamos perdido el 40% de poder adquisitivo. Las prestaciones van a ser de miseria», incidía José María Rubio.
Para garantizar la sostenibilidad del sistema, los sindicatos inciden en que, a nivel general, «deben mejorar el empleo y los salarios para que las cotizaciones sean de calidad», apuntaba Yaissel Sánchez. Pero, además, junto a CC OO, plantea que «la dotación y gastos del Ministerio de Seguridad Social se incluyan, al igual que la del resto de departamentos, en los Presupuestos Generales del Estado». Además, ambas centrales destacan que todas las medidas «deben consensuarse en el Pacto de Toledo» y rechazan la idea de que se contraten planes privados de pensiones. «¿Quién puede pagarlos con 800 euros al mes?», se pregunta Rubio.
Por otra parte, los economistas consultados por este diario coinciden en que hacen falta cambios estructurales y que medidas puntuales como las esbozadas ayer por el presidente Rajoy, no tienen nada que ver con la sostenibilidad del sistema de pensiones, que es lo que hay que abordar con urgencia. El vicedecano del Colegio de Economistas de Alicante, Vicente Llopis, considera que dado, que los ingresos por cotizaciones no han subido pero sí las pensiones, no tanto en cuantía como en número de pensionistas «el sistema actual no parece que vaya a tener una continuidad y habrá que modificarlo». Con respecto a los ingresos, Llopis cree fundamental que las pensiones se cubran «no solo con ingresos de la Seguridad Social sino con los propios presupuestos del Estado». En cuanto a gastos, el vicedecano apunta a una bajada de las pensiones para reducir el gasto.
El cálculo
«El cálculo de las pensiones en España es más benigno que en otros países. Aquí la pensión puede alcanzar el 80% o el 85% del salario, mientras que en otros, cobran el 55% o el 60%. Vamos a tener que plantearnos ese recorrido para garantizar las pensiones», señala el economista para quien, además «debe haber un acuerdo de todos los partidos, y un cierto equilibrio entre los ingresos y los gastos sin olvidar a los perceptores que, con la subida de la inflación, están perdiendo poder adquisitivo». Llopis aconseja que, quien pueda, contrate un plan de pensiones porque «cada uno debe plantearse que no va a tener esa pensión tan segura y sólida como hasta ahora».
El profesor de Economía de la UMH Juan Pablo Juárez cree, por su parte, que «no hay tanto un problema de garantía de las pensiones sino de cuantía. Es fácil garantizar el sistema rebajando las pensiones, pero no se trata de eso». A su juicio, «tenemos un sistema de pensiones de reparto que se pagan con las cotizaciones y como los empleos son de salarios bajos, se cotiza poco y no haya garantías de poder pagarlas. Además, cada día hay más pensionistas que fijaron derechos con un salario muy superior al que se está pagando ahora». Como posibles soluciones Juárez cree fundamental que las no contributivas se saquen del sistema y se paguen con impuestos como parte del estado del bienestar. Además, cree que la cada vez más tardía incorporación de los jóvenes al mercado laboral debería compensarse con un retraso en la edad de jubilación. Pero, sobre todo, afirma que el sistema sólo puede pervivir con un aumento del empleo de calidad y un incremento de los salarios y, a su vez, de las cotizaciones.
