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El Banco de España ratificó los pelotazos que pagó la CAM un mes antes de que la juez cerrara la causa

El organismo regulador afirma en un informe que la caja, «obviando sus obligaciones de gestor de fondos ajenos», permitió que sus socios en operaciones inmobiliarias «se lucraran con indepedencia del proyecto»

El exresponsable en inversiones inmobiliarias de la caja, Daniel Gil (i), y el exdirector general Roberto López. RAFA ARJONES

Un mes antes de que la Fiscalía Anticorrupción planteara a la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el archivo del proceso abierto por la financiación de suelo por parte de la CAM, y de que la juez acordara de inmediato darle carpetazo, el Banco de España había presentado un informe en el que ratifica que la entidad permitió unos pelotazos inmobiliarios que a la caja le supusieron unas pérdidas de 467 millones y al menos a tres des sus socios, «un lucro injustificado» de 94.

Así consta en el documento firmado por el inspector José María Ruiz que se incorporó al procedimiento el 9 de febrero y que no fue óbice para que la fiscal pidiera el sobreseimiento unas semanas después ni para que la juez lo acordara el pasado 2 de marzo, una decisión contra la que cabe recurso.

Lamela hizo suyos los argumentos de la fiscal, quien reclamó el archivo no porque no viera delito en las operaciones inmobiliarias que con 11 sociedades se embarcó la CAM, sino porque considera los hechos constitutivos de un delito de administración desleal, cuyo plazo de prescripción es de cinco años, en vez de un cargo de apropiación indebida, lo que hubiera permitido seguir investigando al caducar a los diez.

Las operaciones por las que en 2015 el entonces magistrado Javier Gómez Bermúdez abrió este procedimiento a instancia del Fondo de Garantía de Depósitos se llevaron a cabo entre 2004 y 2009, la última el 1 de octubre de ese año, «con lo que los delitos de administración desleal investigados habrían prescrito el 1 de octubre de 2014», sostiene la juez.

Rotundidad cuestionable

No obstante, la rotundidad con la que tanto la fiscal como la juez han descartado el delito de apropiación indebida se tambalea a la luz de los datos aportados por el Banco de España. Un informe en poder de ambas que relata cómo «en junio de 2002 la CAM decidió participar en proyectos inmobiliarios como accionista en sociedades creadas al efecto donde participaba como socio minoritario», objetivo por el que creó Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP). Ésta era la sociedad instrumental con la que la caja, «obviando sus obligaciones de gestor de fondos ajenos, permitió que sus socios se lucraran con independencia del resultado del proyecto», concreta.

La operativa, de la que tanto la instructora como la fiscal tenían conocimiento, la describe el inspector José María Ruiz. «El socio vendía a las sociedades que tenía constituidas con la CAM el suelo a desarrollar a un precio notoriamente superior al de coste para el socio, precio que era satisfecho mediante un préstamo que le concedía la CAM». Así, «los socios cobraban por el suelo vendido como si se hubiera realizado el proyecto íntegro logrando una ganancia no justificada dado que los beneficios a obtener con la realización del proyecto eran sólo una mera expectativa».

Proyectos fallidos

El informe incide en que «se hacían depender los proyectos casi por entero de la financiación de la CAM mediante préstamos que concedía a las sociedades». Y en que «si los proyectos hubieran llegado a buen fin, la mayor parte del beneficio habría sido para el socio que, con una aportación de capital simbólica, se hubiera hecho, paradójicamente, acreedor de la mayor parte del beneficio que generara la sociedad y que se hubiera sumado al obtenido por la venta del suelo», precisa.

Pero, además, todos los proyectos resultaron fallidos. El Banco de España dice de ellos que «adolecían de falta de rigor en su planteamiento y tuvieron escasa supervisión por parte del TIP y de la propia CAM». Pese a ello, la caja desembolsó 594 millones de los que perdió 467 facilitando a al menos a tres de las once sociedades analizadas (la alicantina Emporio Mediterráneo, Ros Casares Espacio y Nyesa Pirineos) un «lucro injustificado de 94 millones».

El informe sostiene que «el quebranto sufrido por estas operaciones lo ha soportado íntegramente el Fondo de Garantía de Depósitos», que inyectó a la CAM 5.249 millones para sanearla antes de su venta al Sabadell y que esta misma semana ha tenido que abonar a la entidad catalana otros 3.200 millones por el EPA. Entre los investigados en este procedimiento figuran el exdirector general de la CAM Roberto López y el exresponsable de inversiones inmobiliarias Daniel Gil, además de varios empresarios y la comisión de control de TIP.

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