El Sabadell continúa con la limpieza de los activos problemáticos que heredó de la CAM y, más en concreto, de los relacionados con el ladrillo, que fueron los que forzaron la intervención de la desaparecida caja alicantina. Sólo durante el año pasado la entidad presidida por Josep Oliu logró rebajar en otros 2.534 millones de euros el volumen de créditos e inmuebles adjudicados acogidos al Esquema de Protección de Activos (EPA), la especie de seguro que se concedió al banco para ayudarle a digerir las pérdidas ocasionadas por estas inversiones fallidas.
De esta forma, de la cartera inicial de 24.664 millones de euros que cubría el EPA, al cierre del pasado ejercicio ya sólo quedaban en el balance del banco 11.260 millones. O, lo que es lo mismo, el Sabadell ya ha logrado desprenderse del 54,3% del ladrillo «tóxico» de la CAM, según consta en el informe financiero anual que la entidad acaba de remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con sus cuentas anuales.
El mayor descenso se ha registrado en el volumen de préstamos, que ha pasado de 19.117 a 5.385 millones, es decir, 13.732 millones menos. Sin embargo, de esa cantidad el Sabadell sólo ha logrado cobrar o ha refinanciado -en el caso de aquellos clientes que han podido demostrar su solvencia- 4.609 millones, mientras que el resto de la reducción ha venido por la vía de adjudicarse los activos con los que estaban avalados los préstamos -7.366 millones- o por su pase a fallidos -1.183 millones-. Por si esto fuera poco, del crédito pendiente que sigue en cartera a la espera de una solución, casi un 58% está catalogado ya como moroso, lo que da una idea de la falta de rigor con la que se concedieron estos préstamos y de los estragos que ocasionó el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Por su parte, el volumen de adjudicados -los inmuebles y suelos que el banco se queda como dación en pago o mediante embargo- sólo ha bajado de 4.663 a 4.284 millones, debido a los nuevos activos que ha ido asumiendo la entidad a medida que los créditos entraban en fallido y que compensaban los que lograba vender.
El Esquema de Protección supone que el Fondo de Garantía de Depósitos asume el 80% de las pérdidas ocasionadas por la liquidación de esos activos, una vez superados los primeros 3.880 millones que se sufragaron con las provisiones que ya tenía constituidas la CAM. El restante 20% corre a cargo del Sabadell.
Hasta la fecha, el banco ya ha remitido al Fondo dos facturas, una de 825 millones por los números rojos de 2015 y otra de 981 por los de 2016, y está pendiente de emitir la de 2017. La vigencia del EPA se extiende hasta el año 2021 pero la entidad quiere acelerar el proceso y acortar estos plazos. En parte por la presión del BCE, que quiere que el Fondo de Garantía quede libre de cargas cuanto antes para que no le sorprenda una nueva crisis sin suficientes recursos y también para poder poner en marcha el nuevo Fondo Europeo. A finales del año pasado el Sabadell encargó a tres consultoras que estudiaran la posibilidad de vender todos los activos restantes en tres carteras este mismo año pero el problema es que eso supondría que el Fondo de Garantía debería hacer frente de golpe a más de 5.000 millones, lo que podría obligar a una derrama que el resto de entidades -el organismo se nutre de las aportaciones obligatorias de todo el sector- no desea. Además, esta cifra podría elevar el déficit, ya que cuenta como ayudas públicas. Así las cosas, la entidad todavía no ha decidido qué hacer con estos activos.
