Ni siquiera han sido dos semanas. Eso es todo lo que ha durado el acuerdo entre los distintos sectores representados en la Cámara de Comercio que permitió consensuar la mayoría de los miembros electos del pleno de la institución sin necesidad de pasar por las urnas. El grupo formado por la Federación del Metal (Fempa), la del comercio (Facpyme) y el empresario Carlos Baño -uno de los que más candidaturas promovió y que se ha convertido en pieza clave en la entidad- ha decidido impugnar ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Generalitat la relación oficial de empresas que acceden directamente al pleno sin pasar por las urnas, un derecho obtenido a través del pago de aportacions voluntarias pensadas para contribuir al sostenimiento de la institución. Esta nueva vía prevé 12 de los 60 puestos del pleno, y se han presentado 14 candidatos, dos más de los que contempla el nuevo marco electoral.
Los firmantes del recurso consideran que el proceso se ha realizado con irregularidades y sin la transparencia necesaria. Por sí sola, la jugada ya tiene su importancia. Los 12 patronos se suman a los 40 electos y a los ocho que designa la CEV. Pero, sobre todo, la decisión pone en duda que el hasta ahora único candidato a la presidencia de la Cámara, Juan Bautista Riera, sea capaz de mantener los apoyos necesarios para continuar en el cargo, si este grupo decide presentar un aspirante alternativo.
El escrito, remitido a la Conselleria ayer mismo, denuncia «las situaciones irregulares detectadas» en los plazos para realizar las aportaciones voluntarias que dan derecho a entrar en dicha lista y señala la existencia de lo que entienden como «maniobras para excluir de la composición (del pleno) a algunos de los patronos». Unas maniobras de las que Fempa, Facpyme y Baño responsabilizan a Riera, como presidente en funciones.
Cambio de plazo
El origen del conflicto está en la decisión de la propia Generalitat de ampliar el plazo para materializar estas aportaciones que, en teoría, finalizaba el 15 de enero. Para esa fecha la Cámara de Alicante ya contaba con 12 empresas que habían realizado su aportación, pero otras cámaras de la Comunidad no habían logrado convencer al suficiente número de interesados. Para evitar que perdieran esta vía de financiación -las empresas deben mantener su aportación durante los cuatro años de mandato-, la Conselleria optó por ampliar la ventana de pago hasta el 15 de febrero.
El problema, según apuntan desde las citadas organizaciones, es que en Alicante no se comunicó la ampliación del plazo hasta que ellas mismas descubrieron su existencia y Riera se comprometió a difundirlo, por si alguna empresa más quería sumarse o si alguien quería elevar su aportación para garantizarse plaza entre las 12 más «generosas» y asegurarse su entrada en el pleno.
Sin embargo, según las mismas fuentes, no se informó de la misma manera a todos los patronos y se habría avisado a algunos de ellos con mayor insistencia para favorecerlos. Algo que niegan fuentes oficiales de la Cámara que, por el contrario, aseguran que la comunicación se hizo exactamente de la misma manera que se dio a conocer el primer plazo. Igualmente, señalan que, aunque no tenían obligación, ha sido la propia Cámara, «en un ejercicio de transparencia» la que ha facilitado a Fempa, Facpyme y Carlos Baño el listado de las empresas que han realizado mayores aportaciones.
La ampliación ha generado un problema porque finalmente han sido 14 las firmas que han realizado aportaciones y, curiosamente, la mayoría de ellas decidieron elevar el último día la cantidad que ya habían pagado anteriormente. Son las que ocupan las primeras posiciones mientras que a la cola de la lista aparecen cuatro firmas empatadas que firmaron el cheque antes del primer plazo.
Esto supone que dos de ellas se quedarán fuera y, como reconocían ayer desde la propia Cámara, ni siquiera está muy claro el criterio que se seguirá para decidir. El reglamento autonómico que regula todo el proceso se limita a señalar que el secretario de la Cámara debe remitir una lista con las empresas que hayan realizado aportaciones voluntarias, su cuantía y la fecha, pero no señala nada más. Es decir, que será la Conselleria la que ahora deba decidir las dosn que deja fuera. Pero, además, el enfado llega porque el más beneficiado por esta nueva vía para entrar en el pleno -es la primera vez que se utiliza- será el presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro, que controla tres de las sociedades que tendrían garantizado un sillón de pago.
Tampoco ha sentado nada bien que otra de las firmas -que también ha pagado a última hora-, sea una sociedad del expresidente de Coepa, Francisco Gómez, que tampoco mantiene buenas relaciones con Fempa. Dos hechos que, según estas organizaciones, pondrían de relieve la existencia de un pacto entre Riera y Navarro, aunque nada de esto se relata en el escrito de impugnación.
El documento se limita a señalar que, «en atención a la falta de transparencia con que se ha conducido el proceso señalado y el injusto resultado», se solicita «impugnar» la relación de empresas. Si se acepta la petición, podría retrasarse todo el calendario electoral de la Cámara.
Candidatura alternativa
Con independencia de lo que decida la Generalitat, los representantes de Fempa, Facpyme y Carlos Baño tienen previsto reunirse la próxima semana para decidir si rompen definitivamente con Juan Riera e impulsan una candidatura alternativa a la presidencia de la Cámara. Una candidatura que estaría encabezada, con toda probabilidad, por el propio Baño, que ha demostrado su capacidad para movilizar a un buen número de empresas.
