Varios empresarios alicantinos de los seis que estuvieron representando a Coepa -ahora desaparecida- en la Sociedad de Garantía Recíproca critican el «abandono» sufrido por parte de la patronal desde que la SGR y 37 de sus consejeros -diez de la provincia-fueran multados en mayo de 2017 por parte del Banco de España por incumplimiento del coeficiente mínimo de solvencia que marca la ley, antes de la reestructuración de la entidad avalista en julio de 2013.
«No hemos recibido apoyo jurídico ni económico y, ni tan siquiera, Coepa nos ha contestado los burofax enviados», señalaban fuentes de los afectados. La patronal alicantina tenía entonces seis representantes en la SGR: Javier López Mora, exsecretario general de Coepa, sancionado con 50.000 euros, y los empresarios Eduardo López (50.000 euros); José María García Quijada (40.000 euros); Antonio Alonso (20.000 euros); Antonio Medina (55.000 euros) y Andrés Martínez (20.000 euros).
Otros consejeros alicantinos multados fueron Andrés Sevila, secretario de la Cámara de Comercio de Alicante (50.000 euros), el empresario Vicente Farach (20.000 euros) y el exdirector territorial de la extinta CAM, Agustín Pérez Llorca (30.000 euros). Las cuantías eran similares a las que se impusieron a otros empresarios de las otras dos provincias. La referida a la propia SGR ascendió a 130.000 euros.
Los afectados presentaron recurso en su día ante la Audiencia Nacional. Y, por otra parte, pidieron trasladar la responsabilidad a las instituciones a las que representaban en la SGR, si bien el supervisor rechazó estas peticiones, al determinar que la responsabilidad de los consejeros era personal.
Presentación de avales
Un paso más en este expediente se dio a finales del pasado año, cuando ya se les exigió que debían presentar avales, en caso de seguir con los recursos, o abonar la sanción. Ante este nuevo escenario, los exconsejeros reiteran que se sienten «olvidados» por Coepa y, por contra, valoran la decisión que tomó la Cámara de Comercio de Alicante, que acordó abonar las multas de Sevila y Farach, al entender que ejercían su labor en representación de la institución, al igual que hizo la Confederación Valenciana de Empresarios (CEV) con su presidente y representante en la SGR, Salvador Navarro (50.000 euros).
Un apoyo que «no hemos sentido nosotros» por parte de Coepa -destacan-, lo que ha incrementado el malestar entre los que fueron sus representantes, quienes se preguntan: «¿Por qué unas entidades sí respaldan a las personas que designaron y Coepa no?» «¿No podía haber entrado esta situación en el proceso de liquidación?» «¿Por qué Coepa no tenía un seguro con el que cubrir este tipo de circunstancias?» o «¿No se podía haber pedido soporte a la propia CEOE a la que pertenece Coepa?»
Ahora, de la decena de consejeros alicantinos afectados, unos han decidido seguir con el recurso, presentando avales; otros han acordado abonar la multa -incluidos los casos de Sevila y Farach, por la Cámara-, y otros, al parecer, negocian con Hacienda el pago de la sanción.
Consejeros de Coepa insisten en que en el tiempo transcurrido desde que se iniciara el expediente, «ni la patronal ni sus presidentes Moisés Jiménez y Francisco Gómez han contestado a nuestras preguntas, las últimas por burofax». En este sentido, el último mandatario de Coepa, Francisco Gómez, aseguró ayer a este periódico que al inicio del procedimiento se reunió con algunos de ellos «para conocer la situación, ya que todo este caso proviene de mandatos anteriores». Moisés Jiménez fue elegido presidente en 2012 y dimitió en marzo de 2016. Fue entonces cuando el propio Francisco Gómez le tomó el relevo de forma interina.
Revisión de las actas de Coepa
Además, el expresidente de la patronal indicó que a partir de entonces «revisamos actas y en ninguna de ellas figura el nombramiento por los órganos de Coepa de estas seis personas como representantes en la SGR». Una circunstancia, que, no obstante, atribuye más a un «posible error». Además, el exmandatario de Coepa advierte de que en esos momentos la organización atravesaba una grave situación económica -estaba en concurso de acreedores-. Factores ambos que, a su juicio, «nos ataban las manos, a pesar de que nuestra voluntad era de apoyo. Es una situación que me ha preocupado», añadió el exdirigente de la patronal.
Aunque las multas a la SGR y a 37 consejeros las hizo firme el Banco de España en mayo de 2017, el expediente es anterior. Se inició en 2014, a raíz de una investigación del supervisor por la responsabilidad administrativa derivada de haber incurrido en una insuficiente cobertura de los recursos mínimos, tal y como establece la legislación, durante los 20 meses previos a su refinanciación en julio de 2013.
