Cuantas más casas se venden en la provincia, más aumentan también las herencias que se tramitan. La reactivación del sector inmobiliario, que ha elevado las considerablemente las posibilidades de vender cualquier propiedad, junto con la presión del fisco han llevado a que los cambios de titularidad que se regularizan en las notarías de la provincia tras el fallecimiento de algún familiar se encuentren en estos momentos en máximos de la última década, de acuerdo con los datos que recopila el Instituto Nacional de Estadística.
Sólo el año pasado se formalizó la herencia de 16.582 inmuebles en toda la demarcación, lo que supone un 27% más que en 2014, cuando este tipo de operaciones empezaron a crecer tras haber permanecido estancadas a lo largo de toda la crisis económica.
De este total, como era de esperar, algo más de la mitad -8.534- fueron viviendas, mientras que el resto correspondió a garajes, locales comerciales o trasteros. También se heredaron 3.833 fincas rústicas, según el INE, aunque en este caso la cifra apenas ha variado a lo largo de los diez años que recogen las estadísticas del organismo público.
De esta forma, prácticamente uno de cada cinco inmuebles que cambió de manos en la provincia durante 2017 lo hizo por la vía del legado. Un fenómeno que no es exclusivo de Alicante -la formalización de herencias se ha incrementado en todo el país-, aunque sí ha registrado una mayor intensidad en la zona ya que, a nivel nacional, el aumento ha sido casi cinco puntos inferior, del 22%, según las mismas fuentes.
«Hace unos años a la mayoría le daba igual, porque no se vendía nada, pero ahora se están documentando muchas herencias porque las familias ven posibilidades de sacarle partido a la casa de la abuela o de los padres que ya no quieren. De hecho, hay muchos que preparan la documentación, llevan la casa a la inmobiliaria y, cuando la venden, lo tramitan todo a la vez», asegura el vicedecano del Colegio Notarial de la Comunidad Valenciana, el alicantino Delfín Martínez. También influye el hecho de que los precios a los que se cotiza el ladrillo en la actualidad haga que sean muy pocos los casos en que se supere el límite de 100.000 euros que están exentos del Impuesto de Sucesiones cuando un hijo recibe un legado de su padre -lo habitual, además, es que sean varios descendientes-, por lo que la regularización no suele resultar demasiado onerosa, según Martínez.
Otro de los motivos de este incremento de tramitaciones son los numerosos jubilados extranjeros que han decidido fijar su residencia en la Costa Blanca durante las últimas décadas, un proceso que se intensificó a lo largo de los años noventa y hasta el estallido de la crisis. A medida que estas personas fallecen sus descendientes suelen mostrarse bastante diligentes al legalizar la situación, por lo que también es cada vez más habitual su presencia en las notarías o los registros para tramitar los cambios de titularidad, aunque su objetivo final también sea la venta de la propiedad.
Nuevas tecnologías
Además de las cuestiones demográficas o de la reactivación inmobiliaria, este «boom» en la regularización de las herencias también tiene mucho con el mayor volumen de información que son capaces de conseguir las administraciones públicas gracias a las nuevas tecnologías y a los protocolos de intercambio de datos. «Ahora, en cuanto fallece alguien, el Registro Civil lo comunica al Catastro y enseguida aparecen como titulares del inmueble "herederos de"», apunta el vicedecano de los notarios de la Comunidad.
De esta forma, cada vez resulta más arriesgado la práctica de esperar los 4 años y medio necesarios para que prescriba el Impuesto de Sucesiones o el de Plusvalía antes de formalizar el traspaso. «Ahora te puedes encontrar con que el Ayuntamiento o la Generalitat te esté reclamando a los dos años y, encima, con recargo», añade Martínez.
Curiosamente, esta mayor vigilancia del fisco también ha provocado que, al mismo tiempo que aumentan las regularizaciones, también se incrementen las renuncias ya que muchos herederos prefieren desentenderse del inmueble para evitar asumir estas cargas, cuando su valor no les compensa. Sobre todo si hay deudas de por medio. Así, de las 286 renuncias de 2007 se pasó a 1.485 en 2016, como ya informó este diario hace unos meses.
