El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, negó ayer que se produjera una «sobrerreacción» de la entidad al cambiar su domicilio social a València e insistió en que fue una decisión «difícil» pero «acertada» para garantizar la seguridad jurídica a los clientes y accionistas y dar «continuidad al negocio». Gual recordó que el esfuerzo comercial que se realizó durante las primeras semanas de octubre fue «enorme» y subrayó que «en ningún caso» hubo una sobrerreacción, sino que la entidad financiera está obligada a garantizar a sus clientes y accionistas seguridad jurídica y «continuidad al negocio». Por ello, indicó que el consejo de administración decidió mandar «una señal de confianza» que tuvo «su efecto».
Gual realizó estas declaraciones durante la presentación de resultados del grupo, que el año pasado ganó 1.684 millones de euros, un 60,9% más que en el ejercicio anterior y el mejor resultado de su historia.
Por otra parte, la entidad informó de que, hasta ahora, ha devuelto 241 millones de euros a clientes que han presentado reclamaciones por cláusulas suelo, tras la aprobación del real decreto que establecía mecanismos extrajudiciales para resolver estas peticiones. Según concretó el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, la entidad ha recibido unas 99.000 reclamaciones, de las cuales se han atendido el 52%. Relacionado con este asunto, el presidente de Caixabank reconoció que las afirmaciones del director de Negocio del banco, Juan Antonio Alcaraz, de que los desahucios son una leyenda urbana fueron «desafortunadas».
