Los sindicatos vienen denunciando la expansión de la figura de los denominados «falsos autónomos» desde el inicio de la crisis. Los definen como «aquellos trabajadores que, pese a prestar sus servicios para o dentro de una mercantil, no tienen contrato laboral y son obligados por la misma a cotizar como autónomos, en vez de estar dados de alta como empleados por cuenta ajena», según han reiterado los sindicatos.
La Inspección de Trabajo en la Comunidad Valenciana incidirá, dentro de su plan de actuación en materia de Seguridad Social, en la detección de estos casos. «Se revisará que todo el que preste servicios esté dado de alta, pero que, además, que cotice en el régimen que le corresponde, en el de autónomos o en el régimen general», subrayaba ayer en Alicante el responsable de la Inspección de Trabajo en la Comunidad, Eusebio Ortiz, antes de participar en una jornada en la Federación Provincial del Metal (Fempa) para presentar el programa previsto para este año.
En este contexto, Ortiz explicó a este periódico que se vigilarán empresas de la denominada «economía colaborativa», los casos en «que se ofrece a todo el mundo ser autónomo para incorporarse al trabajo, pero en el que se ven degradadas las condiciones laborales en las que se prestan servicios por cuenta ajena». No obstante, también incidió en que los inspectores, a veces, se encuentran el caso contrario, «los que son verdaderamente autónomos y se constituyen en una cooperativa, por ejemplo de facturación, y se da de alta como si fueran trabajadores por cuenta propia, cuando no lo son».
La Inspección ya comenzó el pasado año a vigilar tanto las cooperativas de facturación como la economía colaborativa, porque «la realidad nos lo pone en el rádar y nosotros tenemos que dar respuesta», subraya Eusebio Ortiz, quien resume, que, en este sentido, el objetivo «es revisar que esas fórmulas nuevas (de actividad) tengan encaje en la legalidad».
Por otra parte, el plan global de la Inspección prevé superar las 54.400 actuaciones en la Comunidad en 2018, una cifra que supone un 4,6% más que en el ejercicio anterior. Y, fundamentalmente, se vigilará una decena de sectores. En el aspecto de economía irregular y trabajo de extranjeros se realizarán más de 3.900 actuaciones en la hostelería; 2.370, en el comercio; 2.200, en los servicios; 1.560, en la construcción; 750 en la agricultura; 250, en el sector del transporte; 110, en el de Empleados de Hogar y 1.150 en industria. En este caso, en Alicante, se insistirá en las actividades del calzado y del textil, según explicó Eusebio Ortiz.
Los controles pivotarán sobre aspectos relacionados con la Seguridad Social, así como con el cumplimiento de la ley de Prevención de Riesgos Laborales por parte de las empresas o el de la cuota de reserva que tienen los trabajadores con capacidades diferentes en las compañías; las condiciones de trabajo o el empleo irregular, entre otros.
Desigualdad
Pero, igualmente, se insistirá, dentro de las condiciones de trabajo, en los posibles casos de «brecha salarial» entre hombres y mujeres. «Se revisarán los convenios, que no haya categorías diferenciadas: feminizadas o masculinizadas», subrayaba Ortiz. Admite que «es difícil probarlo», pero recuerda que existe «una infracción que es someter a condiciones desiguales un trabajo que es igual». Además, también se controlarán casos de discriminación en el acceso al empleo, ya sea a través de publicidad de ofertas o condiciones discriminatorias.
El responsable de la Inspección de Trabajo en la Comunidad estuvo acompañado durante la presentación del plan por el jefe de la Inspección en Alicante, Vicente Cantó. A la jornada también asistieron el secretario general de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Miguel Ángel Javaloyes, y el responsable de Relaciones Laborales, Arturo Cervera. El secretario general de Fempa, Luis Rodríguez, fue el encargado de la presentación de los intervinientes ante el grupo de empresarios que asistieron a la jornada.
