Al igual que hace unas semanas hizo su compañera Mar Muñoz ante la magistrada Carmen Lamela, Neus Tarrés, otra empleada de los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó, ha asegurado también en sede judicial que los negocios que sus jefes montaron con la CAM en el Caribe se gestionaban desde México. Una circunstancia que, de ser cierta, les eximiría de tributar en España y, consecuentemente, del procedimiento que por delito fiscal se sigue contra ellos en la Audiencia Nacional.
La declaración de esta trabajadora, que desarrolla su trabajo en Palma y a la que en marzo seguirá la de la otra compañera que reside en México, también en calidad de investigada, se enmarca en la investigación que pretende determinar si los hoteleros cometieron fraude fiscal al tributar en Curaçao y no en España, como sostiene la Fiscalía Anticorrupción.
Tarrés ha reconocido los mails en los que la acusación pública y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se apoyan para asegurar que los negocios que Ferri y Baldó montaron con la CAM en el Caribe a través de Valfesal se dirigían en realidad desde España, pero les ha dado una intrepretación distinta a la de los investigadores. «Todas las decisiones se tomaban en México», ha declarado Tarrés cuando fuentes de la investigación aseguran que no hay correos donde pueda sustentarse esta afirmación porque nada se preguntaba a los responsbles de los establecimientos en aquel país y todas las órdenes partían de España hacia México.
Este procedimento, que arrancó en 2012, continúa abierto para los empresarios y para cuatro de sus empleados por delito fiscal, después de que la magistrada archivara las actuaciones por apropiación indebida o administración desleal, algo que dejó fuera de la causa al exdirector general de la CAM Roberto López Abad y a su hombre en confianza en inversiones inmobiliarias Daniel Gil.
Una decisión que ha sido recurrida ante la propia Lamela, que lógicamente ha confirmado, y que ahora se encuentra pendiente de la resolución de la Audiencia Nacional, donde se está estudiando en apelación.
Tanto el Fondo de Garantía de Depósitos como un exsocio de los hoteleros, Amadeo Sabat, han recurrido el auto de archivo porque sostienen que la actuación de Ferrí y Baldó, en contra de lo que sostiene la instructora, sí causo un quebranto económico que el inspector del Banco de España José María Ruiz cifró en 28 millones de euros.
