Era poco menos que una «corre, ve y dile». Así se autodefinió ayer ante la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela una empleada de los empresarios Juan Ferri y José Baldó que, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción basándose en los correos aportados a la investigación por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, gestionaba desde Benidorm los negocios que los hoteleros montaron con la CAM en el Caribe a través de la mercantil Valfensal.
La declaración de Mar Muñoz, a la que seguirán las de sus compañeras Neus Tarres y Rebeca Alfonso, también en calidad de investigadas, se produjo en el marco del proceso que investiga si los hoteleros cometieron delito fiscal en la gestión de unos establecimientos financiados por la caja de ahorros que ellos aseguran que se realizaba en Curaçao y no desde España, donde no tributaban, según sostiene la instructora y las acusaciones.
La trabajadora que compareció ayer es subordinada directa de otro de los encausados en este procedimiento, Francisco Climent, y aseguró que ella sólo era una «controler» a quien se le consultaba pero sin capacidad operativa. Agregó también que toda la facturación se realizaba en la isla de Curaçao.
Tras sobreseer en este procedimiento las actuaciones por apropiación indebida, lo que ha supuesto dejar fuera de la causa al exdirector general de la CAM Roberto López Abad y a su mano derecha en inversiones inmobiliarias, Daniel Gil, la instrucción continúa ahora por delito fiscal para Ferri, Baldó, cuatro de sus empleados y el asesor fiscal que diseñó la estructura fiscal de los negocios sobre los que existe la sospecha de que se defraudó a Hacienda al radicar en Curaçao una actividad que magistrada, investigadores y acusaciones sostienen que se desarrollaba en España.
La declaración de Neus Tarres se realizará desde Palma por videoconferencia y la de su compañera Rebeca, poco antes de Semana Santa, cuando regrese de México, donde vive.
