El Tribunal Constitucional (TC) anuló ayer el decreto que regulaba el Programa de Activación para el Empleo, que incluye la ayuda de 426 euros para los desempleados que hubieran agotado el resto de subsidios existentes. De esta forma, da la razón al Gobierno vasco, que había recurrido esta normativa al considerar que el Ejecutivo central había vulnerado sus competencias por encargar la gestión de este programa al Sepe, cuando debió delegarla a los respectivos servicios de empleo autonómicos. Eso sí, la sentencia no impedirá que las personas que estén cobrando esta ayuda continúen haciéndolo, según aclararon fuentes del Constitucional. El plan tiene vigencia hasta el mes de abril.
