La fianza que el exdirector general de la CAM Roberto López Abad tuvo que depositar en la causa abierta por el falseo contable de la entidad continuará por el momento en la cuenta del juzgado y sus bienes, embargados. El tribunal de la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que juzgó y sentenció este proceso ha rechazado la petición planteada por el exalto ejecutivo de la caja para recuperar los avales prestados y lograr el alzamiento de los embargos que pesan sobre sus posesiones.
Se trata de mismo tribunal que el pasado octubre condenó a López Abad y a su sucesora al frente de la entidad, María Dolores Amorós, a tres años de prisión por un delito de falsedad contable, además de los cuatro años y los 2,9 que impuso respectivamente a los exdirectores Teófilo Sogorb y Francisco Martínez.
La sala absolvió a los otros cuatro acusados, entre ellos el expresidente Modesto Crespo, y no estableció responsabilidad civil alguna al entender que no se había probado ningún daño. Un fallo contra el que se ha anunciado recurso ante el Tribunal Supremo por todas las partes, excepto por los absueltos.
En un auto del que ha sido ponente el magistrado Juan Francisco Martel, también ponente de la sentencia, los magistrados concluyen que la solicitud del exdirector general «carece de viabilidad ya que las garantías y fianzas cuya devolución se pretende gozan de cobertura legal». Y agregan que «no han dejado de ser procedentes a pesar de la sentencia dictada, en gran parte absolutoria de los pedimentos de las acusaciones, puesto que dicha resolución no es definitiva ya que contra ella se han interpuesto diversos recursos de casación, entre ellos varios por las propias partes que pretenden el alzamiento de las medidas cautelares reales de las que tratamos».
López Abad aportó como aval a este proceso al menos un inmueble en Alicante y otro en Madrid además de inversión en deuda púbica del Estado. A favor de su planteamiento de recuperar estas posesiones únicamente se han manifestado los exdirectores Francisco Martínez y Vicente Soriano. Este último, que fue absuelto, se unió a la pretensión del exdirector general al pedir «la devolución de todas las garantías y el levantamiento de todos los embargos realizados en este proceso», lo que ha contado con la oposición del fiscal.
El magistrado Javier Gómez Bermúdez, primer instructor de esta causa, fijó una fianza solidaria para los entonces encausados (los dos exdirectores generales, el expresidente Crespo y los exdirectores Sogorb, Martínez y Soriano) de 35 millones para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles que pudieran derivarse de la actuación de los ejecutivos. Un quebranto que el tribunal no ha visto pese a considerar probado que se falsearon las cuentas.
Los magistrados no han puesto objeción alguna, por contra, al cambio de garantías bancarias por parte de la aseguradora Caser, que tiene depositados 40 millones en este proceso por las pólizas de responsabilidad civil de los altos cargos suscritas por la CAM. Caser también ha apoyado «tímidamente» la petición de López Abad.
