Seis años después de su desaparición, la CAM ha seguido marcando buena parte de la actualidad económica de la provincia durante el último ejercicio, para bien y para mal. Para bien, porque fue la herencia de la extinta caja lo que llevó al Sabadell a escoger Alicante para fijar su nuevo domicilio social ante el riesgo que generó el desafío independentista en Cataluña. Y, para mal, porque fue el año en el que los últimos responsables de la entidad se sentaron en el banquillo de la Audiencia Nacional por la penosa gestión que realizaron de la caja, por la que fueron condenados cuatro de sus exdirectivos, incluido el que un día fuera todopoderoso director general de la misma, Roberto López Abad.
Un juicio que volvió a poner de relieve la pérdida que supuso para la provincia la extinción de la caja y la sensación de desmantelamiento de las instituciones alicantinas que se ha producido durante la crisis, a la que ahora se ha sumado la desaparición de la patronal provincial Coepa, que arrojó la toalla hace apenas unos días cuando decidió solicitar su liquidación, arrinconada por el embargo decretado por el Consell. Todo esto en un año en que, eso sí, la recuperación se consolidó definitivamente -con permiso del Brexit y de los impulsores del «procés» catalán- y sectores como la construcción volvieron a ver la luz en una provincia que sigue teniendo en la mala calidad del empleo su gran asignatura.
Pero vayamos por partes. Sin duda alguna, la noticia más destacada de este 2017 en el terreno económico de la provincia fue el juicio y posterior condena a los exdirectivos de la CAM. Las sesiones, que arrancaron el 31 de mayo y se prolongaron hasta finales de julio, sirvieron para que los acusados se echaran unos a otros la culpa del falseo de las cuentas; para saber que Modesto Crespo sólo fue un presidente florero, cuya máxima responsabilidad al frente de la caja fue llevar de compras a las mujeres de los directivos de Cajastur cuando estos visitaron la provincia mientras negociaban la fracasada fusión con la CAM; y para que los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós trataran de descargar cualquier responsabilidad sobre el malogrado destino de la entidad en el Banco de España y la Comisión del Mercado de Valores.
De nada les sirvió. El tribunal consideró probado que habían falseado los balances para ocultar la verdadera situación de la caja y condenó a ambos a tres años de prisión. Al exdirector de Inversiones Francisco Martínez le impuso dos años y nueve meses y el exdirector general de Control Teófilo Sogorb se llevó la peor parte -cuatro años de prisión- por el agravante de haber sido él quien, dentro de sus funciones, comunicó a la CNMV las cuentas alteradas.
Por el contrario, eximió de toda responsabilidad a Modesto Crespo y a los directivos Juan Luis Sabater, Salvador Ochoa y Vicente Soriano. A este último, porque el tribunal consideró que las retribuciones que cobraron los directivos -de las que era responsable- siempre estuvieron aprobadas por los correspondientes órganos de gobierno. La sentencia, además, también considera que las acusaciones no pudieron probar que el falseo de las cuentas generara ningún perjuicio, por lo que no se condena a nadie como responsable civil y deja al Fondo de Garantía, a la Fundación CAM y a los compradores de cuotas participativas sin ningún tipo de indemnización.
Esto ha provocado que, a excepción de los absueltos, todas las partes hayan recurrido el fallo ante el Tribunal Supremo, que todavía se podría demorar alrededor de un año en resolver estos recursos. De confirmarse estas penas, difícilmente los exdirectivos de la CAM podrán eludir su entrada en prisión, por la que ya han pasado, por ejemplo, los exresponsables de Caixa Galicia. En una situación especialmente vulnerable quedan los titulares de las cuotas, a los que el tribunal sólo da la opción de querellarse contra quienes les vendieron estos títulos, después de que la Audiencia Nacional también haya cerrado la pieza exclusiva en la que se investigaba su comercialización.
Hay que recordar que es la segunda causa que se enjuicia relacionada con la gestión de la CAM, ya que anteriormente se celebró el juicio por las dietas que cobró la comisión de control de la entidad, en la que todos los acusados resultaron absueltos. Además, la Audiencia Nacional también acaba de archivar las investigaciones que se llevaban a cabo por los negocios que realizó la caja junto a los hoteleros Juan Ferri y José Baldó en el Caribe al considerar que no hubo perjuicio para la caja. Eso sí, la juez Carmen Lamela ha ordenado que siga la instrucción contra Ferri y Baldó y otras cinco personas por un supuesto delito fiscal, por haber gestionado los hoteles a través de una sociedad en Curaçao que, supuestamente, sólo sería una pantalla para evitar el pago de impuestos en España.
Por otra parte, el próximo mes de mayo arrancará en Alicante un nuevo juicio que, en este caso, deberá dilucidar si los 600.000 euros en dietas que recibió Modesto Crespo a través de una filial de la entidad fueron legales. En esta causa están imputados todos los miembros del consejo de la entidad de 2009, cuando supuestamente se aprobó esta retribución para el empresario ilicitano.
Fuga de empresas
Junto con la situación judicial de la CAM, sin duda la otra gran noticia del año en la provincia a nivel económico fue la decisión del Sabadell de fijar su domicilio fiscal en Alicante para huir de la incertidumbre generada por el proceso independentista en Cataluña. El banco presidido por Josep Oliu fue uno de las primeros en iniciar una peregrinación que, hasta la fecha, ya ha llevado a más de 3.000 empresas a abandonar la comunidad vecina. Al contrario que le ocurrió a CaixaBank -que necesitó que el Gobierno aprobara un decreto de urgencia para poder cambiar su sede sin convocar una junta de accionistas-, el banco vallesano había previsto la situación y su consejo de administración ya tenía los poderes necesarios para dar luz verde al traslado. No en vano, sus responsables llevaban más de tres años - desde la celebración de la anterior consulta, el 9 de noviembre de 2014- obligados a responder a preguntas sobre el proceso catalán en cada una de sus comparecencias públicas.
Todo se precipitó con el referéndum del 1 de octubre y la determinación del Parlament de declarar la independencia de forma unilateral. Las acciones del Sabadell se desplomaron más de un 10% en la Bolsa y los clientes empezaron a retirar depósitos ante el temor a las consecuencias de una posible salida de Cataluña de la eurozona. Oliu no quiso esperar más y el día 5 convocó al consejo para aprobar el cambio a Alicante. Una opción que justificó por la presencia en la ciudad de uno de los tres centros corporativos del grupo -los otros están en Sant Cugat y Madrid- y por la especial relación con la provincia, donde tiene su mayor cuota de mercado por la herencia de la CAM. También parecía una opción menos dolorosa que marcharse a la capital del Estado, dentro de la retórica independentista.
Aunque el cambio de sede no supondrá el traslado efectivo de trabajadores desde Cataluña, la decisión vuelve a colocar a Alicante en el mapa financiero español y la ciudad albergará todas las reuniones de la junta de accionistas y el consejo de administración de la entidad. El primero de ellos se celebró el pasado 26 de octubre, con la presencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Además, el banco ha empezado a hacer gestos a la sociedad alicantina, como prueba el hecho de su nuevo talante en el patronato del Teatro Principal.
Pero los cambios de domicilio de Sabadell y CaixaBank no son los únicos acontecimientos que han sacudido el sector financiero este 2017. El año arrancaba con el anuncio de fusión entre Bankia y BMN para poner fin a los problemas de esta última. Una operación que se completará a lo largo del próximo ejercicio y que supondrá un importante recorte de plantilla que, sin duda, afectará a Alicante, ya que se trata de la provincia donde ambas entidades tienen mayor duplicidad de oficinas. Pocos meses después, en junio, era el Popular el que estrenaba la nueva Junta Única de Resolución creada por la Unión Europea al quedarse sin liquidez por el temor de sus clientes a una posible quiebra. En una sola noche la entidad fue adjudicada al Santander y sus accionistas -6.500 de ellos, alicantinos- lo perdieron todo en una operación que aún hoy se cuestiona por su falta de transparencia.
En cualquier caso, dos ejemplos de que la reestructuración del sector financiero español todavía no se ha completado por la falta de rentabilidad que suponen los bajos tipos de interés y el desafío que representa la digitalización del negocio. Una transformación que ha supuesto que se vuelva a acelerar el cierre de oficinas, que deja el número de sucursales operativas en la provincia por debajo del millar por primera vez desde los años ochenta.
No obstante, si lo que se quiere es hablar de los problemas del sector bancario, habría que recordar que el año empezó con la aprobación por parte del Gobierno del mecanismo exprés para que las entidades devolvieran el dinero que durante años estuvieron cobrando de más con las denominadas cláusulas suelo de las hipotecas. Una medida que pretendía evitar el colapso de la justicia con las miles de demandas que se preveían por parte de los afectados pero que sólo Bankia y BMN -controladas por el FROB- acabaron utilizando, lo que obligó a crear juzgados específicos. En Alicante abrió uno -con una juez en prácticas y la mitad de personal de lo habitual- que pronto se colapsó y será reforzado en breve.
Guerra empresarial
En el ámbito empresarial, la actualidad ha estado marcada por los problemas de la patronal alicantina Coepa, que han acabado con la decisión de su comité de solicitar al juzgado su liquidación ordenada después de 39 años de historia. Lo cierto es que el ejercicio arrancaba, incluso, con optimismo entre los dirigentes de la organización, que en diciembre de 2016 habían logrado cerrar un acuerdo para salir del concurso de acreedores -gracias a la quita del 95% que aceptó la desaparecida Cierval- y habían aprobado también un plan de viabilidad, que preveía la entrega de su centro de oficios al Instituto Valenciano de Finanzas como dación en pago por la hipoteca que quedaba pendiente del edificio.
Nada salió como esperaba el equipo encabezado por Francisco Gómez, que había accedido al cargo a regañadientes en marzo de 2016, cuando el anterior presidente, Moisés Jiménez, dimitió, incapaz de dar salida a la situación de la patronal. Gómez se topó de frente con el proyecto liderado por Salvador Navarro que, tras la quiebra de Cierval, decidió poner en marcha una nueva organización autonómica a partir la patronal de Valencia -la CEV- y dar por superado el modelo provincial, al no contemplar ningún papel ni para Coepa ni para la CEC castellonense. En la práctica esto suponía dejar a la organización alicantina fuera del reparto de las ayudas previstas en la Ley de Participación Institucional, que había contemplado como fuente de ingresos en su plan de viabilidad.
Pero, sobre todo, Coepa chocó con la intransigencia del Consell, que se negó a facilitar en lo más mínimo cualquier posibilidad de supervivencia de la organización empresarial. Así, en enero la patronal tuvo que hacer frente a la denuncia penal que la Generalitat había presentado contra ella al considerar que se había cometido un fraude en subvenciones al haber recibido fondos de dos instituciones públicas diferentes para financiar el centro de oficios -cerca de dos millones en ayudas del Servef y la hipoteca concedida por el IVF-. Además, sembraba la duda de un posible desvío de fondos. Unas acusaciones que Coepa rebatió hasta que logró el archivo de la causa por prescripción de los hechos. Sin embargo, el Servef no desistió y decidió reclamar la devolución de las ayudas por vía administrativa. Coepa contraatacó con un recurso en los tribunales pero la Administración valenciana ni siquiera quiso esperar a que el juzgado se pronunciara sobre las medidas cautelares que había solicitado la patronal y ordenó el embargo que supuso la sentencia de muerte de la patronal. Tampoco el IVF facilitó la tarea y, a pesar de lo afirmado por el conseller Vicent Soler a principios de año, nunca llegó a formalizar la dación en pago del centro de oficios.
Así las cosas, está por ver si los empresarios alicantinos son capaces ahora de constituir una nueva patronal sobre la base de la confederación que Gómez pactó con el presidente de Cepyme Alicante, Cristóbal Navarro.
El paso adelante de Riera
En la otra gran institución empresarial de la provincia, la Cámara de Comercio de Alicante, la noticia fue la convocatoria de elecciones, que se celebrarán en los próximos meses, casi cuatro años más tarde de lo previsto, por el particular via crucis que han tenido que atravesar estas instituciones después de que el anterior Gobierno socialista eliminara el recurso cameral y obligara a cambiar toda la legislación que las regulaba. Pero, más que la convocatoria, la noticia fue la decisión del ahora presidente en funciones de la Cámara, Juan Riera, de postularse como candidato desde el primer momento. Una decisión que pareció desanimar a otros posibles candidatos ya que, hasta la fecha, nadie más ha hecho pública su intención de concurrir. Por si acaso, Riera no desaprovechó la ocasión de vender su candidatura durante su discurso oficial de la Noche de la Economía Alicantina, lo que no sentó nada bien a sus posibles competidores.
En el mundo de las organizaciones empresariales también fue noticia la elección de David Santiago como nuevo presidente de Jovempa o la constitución del Foro PROA, un nuevo organismo de la sociedad civil que pretende poner en valor la provincia. Desde el ámbito sindical, se produjo el relevo de Paco Molina por Arturo León al frente de la secretaría general de CC OO en la Comunidad, mientras que Consuelo Navarro repetía en ese mismo cargo en Alicante.
Por lo que respecta a la evolución económica, el año que acaba ha sido el de la consolidación de la recuperación en la mayoría de sectores. El turismo volvió a marcar récords, con 18 millones de pernoctaciones hoteleras, un 14% más; mientras que las exportaciones recuperaron -con algunos titubeos- la senda positiva, tras el descenso de más del 6% del ejercicio anterior. Pero, sin duda, la evolución más esperanzadora la marca el sector inmobiliario. Sólo hasta el mes de septiembre se vendieron 29.600 viviendas, un 13% más que en el mismo periodo de 2016, y la construcción de nuevas casas repuntó un 21%. Y eso a pesar de que el Brexit redujo hasta un 15% las ventas de casas a ciudadanos británicos, un descenso que se logró compensar con las adquisiciones que realizaron el resto de nacionalidades.
Todo ello se vio también reforzado por el notable avance del consumo interno y la inversión, tras el parón que supuso las dificultades para formar Gobierno en 2016, lo que impulsó el PIB por encima del 3%.
Más empleo pero más precario
Esta buena evolución se tradujo en una notable caída de las cifras del paro que, no obstante, todavía sigue en cifras muy elevadas. El pasado mes de noviembre se cerró con 160.394 inscritos en las oficinas del Servef, 11.365 menos que un año atrás. Por su parte, la Seguridad Social registró 628.933 afiliados, 24.286 más que en el mismo mes de 2016, lo que supone un aumento similar al registrado en el ejercicio anterior. Pero lo que no parece cambiar es la mala calidad del empleo que se crea, en su inmensa mayoría precario y con un notable crecimiento de los trabajos a tiempo parcial. La contratación indefinida sigue sin pasar del 10% y los salarios tampoco mejoran, a pesar de que algunos convenios como el de hostelería ya empiezan a recoger subidas significativas.
Por otro lado, en 2017 también se produjeron algunas importantes operaciones corporativas. Así, Europcar y Portobello Capital compraron, respectivamente, las firmas alicantinas de «rent a car» Goldcar y Centauro; el fondo qatarí Al Alfia amplió hasta el 76% su participación en la constructora Ecisa; Europa Capital se hizo con el centro comercial Gran Vía de Alicante y Carrefour Property se quedó con el Puerta de Alicante. El año se cierra con el fondo Sun Capital buscando comprador para la juguetera Famosa.
