No solo el taxi. Los sectores económicos tradicionales y reglados que se están viendo desbordados por la irrupción en su negocio de plataformas tecnológicas vivieron ayer una victoria. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que Uber, la multinacional americana que compite con el taxi en Madrid, no es una mera plataforma de intermediación digital que pone en contacto a conductores con viajeros. Es una empresa que «crea al mismo tiempo una oferta de servicios de transporte urbano». «Un servicio de transporte que no responde a la calificación de servicio de sociedad de la información», y al que por lo tanto hay que exigir licencia de transporte, resume el TJUE.

La sentencia es la respuesta a un procedimiento judicial en Barcelona, puesto en marcha en 2014 contra Uber por presunta competencia desleal. En aquel momento, Uber funcionaba poniendo en contacto a conductores particulares con usuarios. Un juez de Madrid cerró la aplicación ese mismo año, pero regresó en 2016 ya con chóferes profesionales, con licencia VTC de alquiler de coches con conductor, una vía que hoy le permite operar de forma legal, al igual que Cabify. Esta autorregulación limita mucho el impacto de esta sentencia, pero el Estado sí podrá exigir a las compañías toda la normativa correspondiente al sector del transporte.

El fallo, en cualquier caso, fue celebrado en todas las trincheras de la nueva economía colaborativa. El despacho barcelonés que llevó la denuncia de la entidad Elite Taxi y que ha conseguido este pronunciamiento, aseguraba ayer que «la sentencia tiene implicaciones legales también para otros negocios que siguen eludiendo sus responsabilidades legales propias del servicio que presta».

La sentencia ha animado a los hoteleros a explorar la vía judicial, tras varios años de lucha contra plataformas como Airbnb o Homeaway, que comercializan a través de internet miles de viviendas -la mayoría de ellas particulares- para uso turístico sin tener que «actuar bajo la legislación turística». Hasta ahora, el sector ni siquiera han conseguido obligar a las grandes web a retirar los pisos que no cumplen las normas urbanísticas.

Las patronales hoteleras estudiaban ayer la sentencia: «Estamos ante una posición de desenmascarar actividades económicas que se disfrazan de economía colaborativa, pero hay que ser cautelosos en cómo va a afectar a Airbnb», señalan desde Hosbec. «Para nosotros sienta un precedente que debemos aprovechar para poner coto a la oferta ilegal que solo subsiste si alguien la comercializa», añade unión Hotelera.La patronal española Cehat establece un paralelismo entre el contenido de la sentencia sobre Uber y las plataformas de alojamiento colaborativo, de las que asegura que «no son servicios neutros de intermediación». «Gracias a este fallo se van a poder dar los pasos para que definitivamente se determine la diferencia entre actividades entre particulares y aquellas realizadas por profesionales. Esta sentencia permitirá que las normas españolas puedan imponer requisitos de acceso al mercado, obligaciones fiscales y limitaciones de uso», augura Cehat.

Paradójicamente, esta sentencia va a tener «cero efectos prácticos» en Uber, según el abogado José Andrés Díez, experto en la normativa de transporte, que logró tumbar en 2014 la aplicación Uberpop que funcionaba con conductores particulares. Con todo, el fallo fue ampliamente celebrado por los taxistas: «Esto abre una nueva etapa. Los políticos deben dar un paso más. Son empresas de transporte pero se saltan todas las leyes fiscales, laborales y de transporte para rentabilizar y monopolizar su actividad», señala la Confederación de Autónomos de la Comunidad.