Coepa no cumplirá los cuarenta años. La patronal alicantina, fundada en 1978, aprobó ayer solicitar su liquidación, ordenada después de que la Agencia Tributaria hubiera embargado las cuotas de sus socios a instancias del Servef, que exige a la organización empresarial la devolución de 1,9 millones de euros, más los correspondientes intereses, por las subvenciones que le concedió para la construcción de su centro de oficios y que ahora considera ilegales.
Un embargo que hacía imposible la supervivencia de la confederación empresarial, que hace justo un año lograba superar el concurso de acreedores gracias a una quita del 95% en su deuda ordinaria -que aprobó la también desaparecida Cierval-, pero que aún tenía que pagar más de 700.000 euros a sus antiguos trabajadores y al Fogasa, que ahora, se quedarán «sin cobrar», como recalcó ayer el presidente de Coepa, Francisco Gómez, quien no dudó en señalar a la Generalitat como la responsable de «hundir la entidad» y de «acabar con ella», aunque también atribuyó parte de la culpa a «errores del pasado» de la propia organización.
En cualquier caso, la decisión pone fin a más de dos años de lucha de los empresarios alicantinos por tratar de salvar a Coepa, desde que en noviembre de 2015 se viera obligada a solicitar el preconcurso ante la imposibilidad de hacer frente a la hipoteca que también pidió al Instituto Valenciano de Finanzas para la construcción del citado centro de oficios, que ha acabado convirtiéndose en su auténtica condena. La batalla había ido desgastando la imagen de la patronal y Francisco Gómez y su equipo cada vez estaban más solos -sobre todo desde que la CEV lanzó su proyecto alternativo de patronal autonómica-, como prueba el hecho de ayer apenas acudieran una docena de sus miembros a la reunión del comité y la junta directiva en la que Coepa se hizo el harakiri. Eso sí, la votación fue unánime.
Si todo va según lo previsto, una vez aprobada la solitud de liquidación, será el administrador que ya tramitó el concurso de la patronal, Luis Fernando Alonso Saura, quien se encargue de vender los escasos bienes que le quedan a la organización para pagar la mayor cantidad posible de las deudas y prescindir de los dos trabajadores que aún quedan en nómina.
Una tarea casi imposible si se tiene en cuenta que Coepa apenas tiene propiedades -tan sólo los muebles de sus oficinas-, ya que vendió la sede que tenía frente al Teatro Principal y que hoy ocupa la Cámara de Comercio para liquidar parte de sus créditos pendientes; que el centro de oficios acabará en manos del IVF al ejecutarse la hipoteca o en manos del Ayuntamiento de Alicante, propietario del suelo; y que la sede que ocupa actualmente es patrimonio sindical, es decir, que no puede venderse y revertirá al Estado.
Negociaciones
A pesar de todas las dificultades, Francisco Gómez quiso aportar algo de esperanza a la situación y expresó su confianza en que el empresariado alicantino no se quede «huérfano» de representación gracias a la nueva confederación que Coepa ha creado junto a Cepyme Alicante -el Consejo Empresarial de la Provincia de Alicante (Cepal)- y que, además, se alcance un acuerdo para su integración en la nueva patronal autonómica impulsada por Salvador Navarro. De hecho, ayer por la mañana el propio Francisco Gómez y Cristóbal Navarro se reunieron con el valenciano para negociar su posible entrada en la misma.
Aunque las relaciones se han acercado notablemente en las últimas semanas -hace aproximadamente un mes estuvo a punto de cerrarse un preacuerdo-, desde la CEV ven con recelos una integración directa de Cepal en su estructura ya que, al tener a Coepa entre sus socios fundadores, los trabajadores y el resto de acreedores podrían reclamar sus deudas a la nueva organización, alegando continuidad empresarial.
La alternativa pasaría por crear desde cero una nueva confederación, en la que se integrarían directamente las asociaciones que ahora son miembros de Coepa pero sin que estuviera presente ésta última. Sin embargo, en este caso el problema son los plazos, puesto que la CEV quiere poner en marcha su nueva estructura autonómica a finales de enero, lo que significaría que la nueva organización alicantina debería constituirse y solicitar su ingreso en la autonómica antes de esa fecha, algo bastante complicado, aunque tanto Coepa como la CEV aseguran que existe «voluntad» de lograr un entendimiento.
Al respecto, desde la patronal presidida por Salvador Navarro señalaron ayer que «la liquidación de Coepa no es una buena noticia para nadie» aunque, a su juicio, demuestra que los modelos de patronal «basados en la financiación pública no tienen viabilidad» y que es necesario «otro modelo de gestión». También recordó que tiene «abiertas sus puertas a la participación de todas las empresas y organizaciones sectoriales y territoriales de Alicante, Castellón y Valencia».
Críticas a la Generalitat
En los últimos meses Coepa había tratado de frenar por todos los medios el embargo decretado por el Servef, que siempre ha considerado injusto ya que el organismo autonómico decidió seguir adelante con su reclamación por la vía administrativa a pesar de que los juzgados archivaron la causa penal por las supuestas irregularidades que motivaron la exigencia de devolución de las ayudas. Como se recordará, el Servef considera ilegal que se utilizaran para un mismo fin -financiar la construcción del centro de oficios- fondos públicos de dos organismos diferentes, el propio Servef y el IVF. Una ilegalidad que Coepa niega, por lo que recurrió a los tribunales y pidió la suspensión cautelar del expediente, algo que no se ha producido y que ahora quedará sin juzgar.
Por eso, ayer Francisco Gómez cargó con dureza contra el Consell y recordó que el IVF también se negó a aceptar la dación en pago para saldar la hipoteca del inmueble. «Había soluciones para que todos cobraran», señaló Gómez, «y se prefirió hacer saltar todo por los aires a cambio de centralizar las voces empresariales en Valencia», denunció el empresario, quien señaló que la provincia está sufriendo un proceso de «desmantelamiento» que tuvo su punto más grave con la pérdida de la CAM.
Fue en 1978 cuando, presididos por Rafael Sala, los empresarios alicantinos decidieron crear una patronal provincial para defender sus intereses.
