La desaparición de Coepa es consecuencia de los "errores propios" cometidos por la organización en el "pasado", pero también de la actuación de los últimos gobiernos autonómicos, que de forma "directo a indirecta", se ha dirigido "a hundir la entidad, a acabar con ella". Al menos eso es lo que asegura el presidente de la patronal alicantina, Francisco Gómez, en el comunicado oficial horas antes de que el comité y la junta directiva de la patronal aprobaran este jueves la liquidación ordenada de la entidad, después de que la Agencia Tributaria haya embargado las cuotas que pagan sus asociados para cobrarse los 2,3 millones de euros que le reclama el Servef por las subvenciones que le concedió para la construcción de su centro de oficios y que ahora considera que fueron ilegales.

Así, Gómez asegura que la desaparición de Coepa "deja a los empresarios, y al conjunto de la provincia de Alicante, más empobrecida, con menos voz, con menos fuerzas e indefensos ante las decisiones de Valencia y Madrid".

En esta línea, también ha confirmado que esta mañana ha mantenido una reunión con el presidente de la CEV, Salvador Navarro, para avanzar en las negociaciones sobre la posible integración de Cepal -la nueva confederación que ha creado junto a Cepyme- en la patronal autonómica.

Proceso de "desmantelamiento"

En el citado comunicado, Gómez sostiene que la provincia de Alicante "está sufriendo un proceso de desmantelamiento, que tuvo su punto más grave con la pérdida de la CAM, una entidad vinculada al territorio; pero que se ha ido acelerando con la pérdida de grandes proyectos como Ciudad de la Luz, el parque temático de Benidorm, el abandono del Puerto de Alicante, y la reducción de las inversiones en nuestro territorio". A su juicio, "también sobraba Coepa y hasta terminar con su vida a los casi 40 años han puesto todos los esfuerzos", ha señalado el empresario.

En este sentido, se muestra convencido de que "había soluciones para que la administración, los ex trabajadores y la patronal no perdieran, y se prefirió saltar todo por los aires a cambio de centralizar las voces empresariales en Valencia". También recuerda que, con la liquidación, la Administración no se asegura el cobro de las cantidades reclamadas, "se pone en peligro la compensación pendiente de los ex trabajadores y se descabeza una voz provincial para dejarnos en manos de una representación en Valencia, cuyos intereses no son los mismos al 100% y su configuración de grandes empresas no dibuja la realidad de Pymes y empresas familiares de la provincia de Alicante".

Para Gómez sí había otro camino. "Lo intentamos con el concurso de acreedores -al que llegamos en parte por errores propios heredados - que tenía solución con el plan de viabilidad que aceptó el juzgado. La dación en pago a la administración autonómica del centro de oficios habría permitido saldar la deuda, abrir un centro de formación importante para la Comunidad Valenciana, y hubiéramos podido seguir pagando a los ex trabajadores y resto de acreedores".

Por último, insiste en que la situación vivida demuestra, en su opinión, que no hay interés en "coser la Comunidad Valenciana. "Nosotros siempre hemos defendido que debía existir entidades en todos los territorios, un sistema de convivencia entre organizaciones de ámbitos territoriales diferentes pero no enfrentado", ha añadido.