La cifra de desahucios cae con fuerza en la provincia de Alicante y, por primera vez en mucho tiempo, los desalojos como consecuencia del impago del alquiler superan a los que se registran por no abonar la hipoteca, debido al desplome que han sufrido estos últimos. Así lo revela el último balance realizado por el Consejo General del Poder Judicial, que señala que durante el tercer trimestre del año se practicaron en la provincia un total 553 lanzamientos -el nombre técnico de este procedimiento-, una cifra que supone un 30,4% menos que en el mismo periodo del año pasado.
Sin embargo, de ese total, hasta 325 fueron desalojos de pisos de alquiler, lo que supone un incremento del 4,2% sobre el año anterior, y lo que realmente se redujo fueron los desahucios por el impago de la hipoteca, que sólo sumaron 223, menos de la mitad -un 53% menos- de los registrados en el año pasado, según las citadas fuentes.
Según los bufetes especializados en derecho bancario consultados por este diario, el motivo no es otro que la suspensión masiva de procedimientos de ejecución hipotecaria que están aplicando los juzgados de toda la provincia, a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclare cómo debe aplicarse la sentencia de este mismo organismo en la que declaró abusiva la denominada cláusula de vencimiento anticipado. Esta cláusula es la que permite a los bancos reclamar toda la deuda aunque sólo se haya producido un impago, una medida que el Tribunal consideró completamente desequilibrada.
De momento, el fallo ya ha obligado al Gobierno a modificar la Ley Hipotecaria -en un cambio que se encuentra todavía en tramitación- para establecer que antes de ejecutar un préstamo deben haberse producido al menos nueve impagos mensuales o el equivalente al 2% del capital concedido, durante la primera mitad de la vida del préstamo; o 12 cuotas impagadas o un porcentaje del 4%, si el crédito ya está en la segunda mitad. Es decir, que el impago debe ser significativo para poder embargar la casa.
En cualquier caso, falta por saber cómo se aplica la sentencia del Tribunal de la UE a los casos que ya hay en marcha, que es lo que ahora esperan los juzgados alicantinos y de toda España. Sea como fuere, la consecuencia práctica es que se han paralizado la mayoría de procesos de embargo y, lógicamente, si no se ejecuta el préstamo, no se llega a la fase posterior que supone el desahucio efectivo del propietario.
Resquicios legales
De hecho, la situación ha llevado a que las propias entidades también hayan reducido a la mitad las peticiones de embargo que presentan -de 620 en el tercer trimestre de 2016 a 335 en el mismo periodo de este año-, aunque empiezan a buscar otros resquicios para recuperar su dinero, según explica el letrado Pedro Pérez, de Pérez Cortés Abogados. En concreto, algunos bancos han optado por reclamar la deuda en procedimientos ordinarios, alegando incumplimiento de contrato para exigir el importe total del crédito.
Por su parte, desde las asociaciones de afectados, el principal temor es que, una vez que se pronuncie la justicia europea, los casos se reactiven y el número de desahucios vuelva a repuntar. «Aunque se diga que la situación económica mejora, sigue habiendo mucha gente con problemas para pagar la hipoteca a la que no se da ninguna solución. Gente que sigue sin trabajo, para la que no hay ninguna respuesta de la Administración», se lamenta Celeste Doello, de Obra Social-PAH.
De hecho, una prueba de la persistencia de grandes bolsas de pobreza y de que la recuperación no está alcanzando a toda la población es el repunte en los desahucios por impago del alquiler, que deberían haberse reducido como consecuencia de la mejora económica. El problema, tal y como apunta Doello, es que muchas de las personas que perdieron su casa durante la crisis tuvieron que refugiarse en viviendas de alquiler, que tampoco pueden pagar. A ello se suma el mayor número de parejas que se ha decantado por esa opción para independizarse, ante la imposibilidad de comprar, y el repunte de los precios que ha supuesto esta mayor demanda, que lleva a que algunos inquilinos no puedan permitirse la nueva cuota. Eso sí, de momento, el repunte de los casos desahucios por impago de alquiler es bastante moderado.
En toda España, durante el tercer trimestre del año se registraron 11.581 lanzamientos, un 4,7% menos que un año antes. De ellos, 6.969 fueron por alquileres y 4.063 por impago de hipotecas. Por su parte, el Gobierno aseguró ayer que las medidas puestas en marcha para frenar los desalojos han beneficiado a 88.000 familias desde 2013.
