No hubo ni administración desleal ni apropiación indebida porque no se produjo ningún perjuicio económico para la CAM ni se ha podido probar que los investigados recibieran ninguna compensación a cambio de aprobar las operaciones. Así lo considera, al menos, la Fiscalía Anticorrupción que ha solicitado a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el archivo de la causa que se seguía contra los directivos de la extinta caja alicantina por los negocios que la entidad realizó en el Caribe junto a los hoteleros de Benidorm Juan Ferri y José Baldó a través de la sociedad Valfensal. Un caso por el que los citados empresarios, el exdirector general de la CAM Roberto López Abad y el responsable de participaciones inmobiliarias de la caja, Daniel Gil, llegaron a ingresar en la prisión de Soto del Real en noviembre de 2013, un recinto que abandonaron tras pagar la correspondiente fianza.
En la causa, además, también estaban imputados los miembros de la comisión de control de TIP -la filial inmobiliaria de la CAM que realizó las operaciones- de la que formaban parte, entre otros, el expresidente de la Cámara de Comercio de Alicante José Enrique Garrigós; el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas José Manuel Uncio, el exsecretario de la caja Francisco Grau; o el expresidente de la comisión de control de la entidad Juan Ramón Avilés. Para todos ellos la fiscal pide igualmente el archivo del proceso.
No obstante, la Fiscalía sí aprecia un posible delito fiscal en la gestión de los hoteles -cuya operativa se derivaba a una sociedad de Curaçao cuando, supuestamente, en realidad se llevaba desde España- por lo que solicita que se siga la causa por este motivo contra Ferri y Baldó, el abogado Jaime Escrivá (quien entró a declarar como imputado ante el juez Gómez Bermúdez y salió como testigo) y el responsable financiero de Valfensal, Francisco Climent. Además, pide que se tome declaración en calidad de investigadas a otras tres personas.
La investigación sobre Valfensal se inició a raíz de un informe «forensic» realizado por la consultora Deloitte ante las sospechas que despertaron las operaciones del grupo -participado en un 30% por la CAM y en otro 70% por los hoteleros de Benidorm- entre los administradores designados por el FROB tras la intervención de la entidad. Se trata en concreto de la adquisición de una parcela y dos hoteles -Gala y Caracol- en la Riviera Maya mexicana; otros terrenos en Punta Cana, en la República Dominicana; y de un tercer establecimiento en Tenerife.
En todas estas operaciones, tanto el informe de Deloitte como la posterior investigación de la UCO pusieron de relieve numerosas irregularidades en la concesión de los préstamos para financiarlas, como la inexistencia de tasaciones o el pago de comisiones. Unas irregularidades que la propia fiscal califica como «graves» al saltarse todos los controles internos de la entidad y por las que, según recuerda, ya existe un expediente sancionador del Banco de España contra los directivos de la CAM.
Sin embargo, también señala que, para que se produzca un delito de administración desleal debe darse algún perjuicio contra la compañía, en este caso, la CAM. Una circunstancia que, a juicio de la Fiscalía, no se ha producido ya que Valfensal ha continuado pagando durante todo este tiempo los citados créditos, que el Sabadell accedió a refinanciar tras adjudicarse el negocio de la caja. Del mismo modo también apunta que no se ha probado en ninguna de las diligencias practicadas que los directivos recibieran prebendas a cambio de aprobar estos créditos.
Paraíso fiscal
Donde sí ve delito la fiscal es en la forma que ha tenido Valfensal de gestionar los hoteles, a través de una supuesta central de reservas radicada en las antiguas Antillas Holandesas -Curaçao-, hasta hace poco consideradas un paraíso fiscal. Una sociedad, bautizada con el nombre de Jaksonport, que en realidad habría sido una tapadera para eludir el pago de impuestos ya que «el verdadero lugar de actividad (de la compañía) era en España», según apunta la acusadora en su escrito. Así, de acuerdo con los cálculos de la Agencia Tributaria, la firma habría dejado de pagar a Hacienda más de 11,6 millones de euros entre 2008 y 2014, lo que constituiría un delito fiscal por el que pide que se siga la instrucción.
