Las restricciones crediticias que marcaron buena parte de la crisis parecen haber quedado definitivamente atrás. Las entidades financieras se muestran cada vez más dispuestas a aprobar nuevas operaciones hasta el punto de que en los nueve primeros meses de este año la concesión de hipotecas para la compra de viviendas se ha disparado un 18,3% en la provincia y encadena ya cuatro ejercicios de crecimiento. Sin embargo, la situación del mercado todavía dista mucho de la normalidad, como prueba el hecho de que, a día de hoy y a pesar del aumento registrado aún se amortizan muchos más préstamos de los se conceden. Una mala noticia para la banca ya que esto significa que cada vez tienen menos dinero prestado a los ciudadanos y, por tanto, también son menores los intereses que reciben por esta vía.
Los datos que ayer hizo públicos el Instituto Nacional de Estadística reflejan bien claro esta situación. Hasta septiembre se concedieron en Alicante 10.380 hipotecas sobre viviendas, una cifra más que significativa que supone un repunte del 18,3% sobre el mismo periodo de 2016 y del 64% sobre los datos de 2013, el año en que el mercado tocó fondo. Sin embargo, a pesar de todo el camino recorrido, la cifra de hipotecas canceladas todavía fue bastante superior. En total, en los nueve primeros meses del año se amortizaron completamente 14.221 préstamos hipotecarios. Es decir, que los alicantinos que lograron acabar de pagar su préstamo superó en 3.841 a los que contrataron nuevos créditos. Al menos, eso sí, la situación ya no es como en los años 2013 y 2014, cuando se llegaron a amortizar más del doble de hipotecas de las que se concedieron.
¿Cuáles son los motivos de este desequilibrio? Por un lado, la principal causa es el desplome tan acusado que sufrió la disponibilidad de crédito tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la caída de Lehman Brothers, que impidió a la entidades españolas encontrar fondos en los mercados internacionales. Así, de las más de 71.000 hipotecas concedidas en 2002 se pasó a poco más de 8.000 en el año 2013. Una contracción del mercado de casi un 90% de la que, a pesar de los repuntes de los últimos años, apenas se ha recuperado una décima parte.
Inicialmente, el número de amortizaciones también descendió ya que en pleno «boom» era frecuente vender una casa para comprar otra mejor, lo que implicaba cerrar un préstamo y solicitar otro. Sin embargo, la caída de las cancelaciones tocó suelo mucho antes que la registrada por la concesión de nuevo crédito debido a que, a pesar de la crisis, seguían habiendo un gran número de ciudadanos que llegaba al final del plazo que tenía contratado y se libraba de la carga que supone la cuota mensual del préstamo.
A esto hay que añadir que en los últimos años también ha habido muchas familias que han decidido amortizar anticipadamente su hipoteca o parte de la misma ante la falta de la rentabilidad de los depósitos a plazo. Es decir, que al no obtener nada por sus ahorros han decidido destinar el dinero a reducir sus deudas.
Falta de demanda solvente
Por último, desde el sector insisten en que la «demanda solvente» tampoco está creciendo al ritmo previsto, entre otras cosas, por la mala calidad del empleo que se genera, con bajos salarios y con mucha contratación temporal que supone un lastre a la hora de aprobar los nuevos préstamos. También hay que tener en cuenta que, tras lo ocurrido, en la actualidad los bancos se ciñen a la regla de no prestar más del 80% del valor del piso, lo que obliga a quienes quieren comprar una casa a disponer del otro 20% más un 10% adicional para sufragar los gastos del notaría y los impuestos.
No obstante, también es cierto que el desequilibrio cada vez es menor, ya que el efecto de las amortizaciones anticipadas por los bajos tipos de interés parece haberse agotado y la demanda local de vivienda -que es la que pide financiación ya que los extranjeros suelen comprar al contado- empieza a reactivarse con fuerza.
Según los últimos datos de la Asociación Hipotecaria Española, el saldo vivo de los créditos de este tipo ha pasado de los 868.268 millones de 2012 a 651.516 a finales del año pasado. Además, en lo que va de 2017 se ha reducido otro 4,2%. Las entidades esperan que la situación comience a normalizarse y se detenga la caída el próximo ejercicio.
