Las empresas que entran en concurso de acreedores son cada vez de menor dimensión, hasta el punto de que el año pasado prácticamente el 70% de quienes se acogieron a esta figura fueron autónomos o micropymes de menos de 10 empleados. Así lo pone de manifiesto el Atlas Concursal que ha elaborado el Consejo General de Economistas de España. Un documento que ayer se presentó en Alicante en un acto en el que participaron el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el presidente del consejo, Valentín Pich, y el secretario del citado organismo, Alberto Velasco; además del decano de los economistas alicantinos, Francisco Menargues.
En este sentido, el incremento de los concursos protagonizados por pequeñas empresas es una de las consecuencias que deja la crisis, ya que antes del estallido de la recesión los negocios de menos de 10 empleados sólo suponían un 45% del total de quienes suspendían pagos. Una cifra que da una idea del tremendo impacto que han tenido estos años en las firmas de menor dimensión pero que también indica que cada vez hay más pequeños empresarios «que son conscientes de la necesidad de proceder a una liquidación ordenada del negocio frente a los que se limitan a bajar la persiana sin responder de nada», según apuntó Menargues.
Y es que, desafortunadamente, todavía son muchos los que se decantan por esta última opción y dejan tras de sí todo tipo de deudas y enredos, como también se puso de manifiesto durante la presentación. Por ejemplo, mientras que el año pasado se registraron en los juzgados 4.080 concursos en toda España, el Fondo de Garantía Salarial tuvo que hacerse cargo del pago de los sueldos de 7.150 empresas, según recalcó el secretario del REFOR-CGE, Alberto Velasco, lo que da una idea del número de firmas que no se molestan en ordenar sus asuntos antes de cerrar. La comparativa con lo que ocurre en el resto de Europa resulta igualmente reveladora. Por ejemplo, como también apuntó Velasco, en Portugal, con un PIB seis veces inferior al español, se registraron el año pasado un 75% más procedimientos.
Al respecto, Francisco Menargues puso de relieve la necesidad de acabar con el «estigma» que sufren las empresas que solicitan el concurso -frente a lo que ocurre en los países anglosajones, donde se considera una herramienta más para sacar adelante el negocio y evitar la quiebra- y abogó también por una reforma que facilite liberarse de los créditos públicos para que dejen de ser una carga para la supervivencia de estas firmas.
En esta misma línea, recordó que sólo un 6% de los negocios que entran en concurso consiguen superarlo -el otro 94% acaba en liquidación- porque la mayoría de los empresarios lo solicita cuando ya es «demasiado tarde» para enderezar las cuentas, entre otras cosas, por ese temor a ser señalado. Del mismo modo, los economistas también reclamaron una regulación específica para facilitar que las pymes más pequeñas se acojan a este procedimiento. No obstante, reconocieron que los últimos cambios han mejorado notablemente el proceso. Al respecto, el ministro de Justicia señaló que el Gobierno prepara un texto refundido para clarificar todas las modificaciones introducidas en los últimos años.
En cuanto a la distribución de los concursos dentro de España, la Comunidad Valenciana se situó el año pasado como la tercera autonomía con mayor número de procesos, con 620, sólo por detrás de Cataluña (869) y Madrid (637). Sin embargo, si se miran los datos en porcentaje, la Comunidad fue, junto al País Vasco, la que más concursos registró, ya que se acogieron a esta figura el 0,18% de las empresas de la región frente al 0,13% de la media nacional.
