El gran comercio de la Comunidad Valenciana puede encontrarse en breve con otro frente de batalla en su relación con la Conselleria de Economía. El departamento que dirige Rafa Climent está siguiendo de cerca el impuesto sobre grandes establecimiento comerciales con que en estos momentos Asturias, Cataluña y Aragón gravan la actividad del gran comercio y que está bajo la lupa de la justicia europea. El Consell estudia su aplicación en la autonomía.
Se trata de una tasa con la que se penaliza el impacto territorial y ambiental que el modelo comercial de grandes superficies lleva aparejado. Básicamente, por los desplazamientos por carretera que genera este formato, al encontrarse ubicado, por lo general, en parques comerciales periféricos. En el caso de Cataluña, se aplica al gran comercio a partir de los 2.500 metros de superficie; 2.000 en Asturias y sólo 500 metros en Aragón.
El impuesto acaba de recibir un espaldarazo en Luxemburgo. La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha rechazado un recurso de la patronal española de grandes superficies (Anged) y entiende que estas autonomías no conceden ayudas de Estado al pequeño comercio, que está exento de su pago.
«Los establecimientos comerciales deben participar en el coste de las externalidades negativas que generan de forma desproporcionada», valora el TJUE. «Un impuesto que grava en mayor medida a los establecimientos comerciales que generan mayor ruido y emisiones a la atmósfera parece adecuado para incitar a operar a empresas de comercio minorista más pequeñas, las cuales generan menos emisiones individualmente consideradas», añade la letrada, que no ve la exención al pequeño como una ayuda de Estado al no eliminar o rebajar una carga habitual para ellos.
Aunque estas conclusiones no son vinculantes para el tribunal a la hora de dictar sentencia, el TJUE no suele separarse del criterio de la Abogacía. Curiosamente, la posición choca con la de la Comisión Europea, que ha pedido a España que se eliminen estos gravámenes.
Pendiente de sentencia
El posicionamiento de Luxemburgo abre las puertas a su aplicación en la Comunidad, donde la conselleria está pendiente de si la tasa se ajusta o no al derecho comunitario. «Si la sentencia ratifica la posición de la Abogacía estudiaremos qué aspectos de las legislaciones de Asturias, Cataluña y Aragón podemos aplicar», añaden. «El impuesto se basa en criterios medioambientales. El modelo de la gran distribución genera movimientos en base al vehículo privado que el pequeño comercio no produce», añaden desde la Dirección General de Comercio, donde ha corrido como la pólvora la posición de la abogada general.
En cualquier caso, la posición de la Conselleria no sorprende. El plan de actuación territorial sectorial (Patsecova) ya contempla la declaración de áreas comercialmente saturadas, lo que impediría dar más licencias en una zona, con criterios como la saturación de los viales o la contaminación.
