Los responsables del Grupo Santander han incluido cuatro de los centros administrativos que la entidad tiene en la provincia -en realidad, unidades de negocio- entre los departamentos afectados por el Expediente de Regulación de Empleo que ha decidido poner en marcha tras la absorción del Popular. Esto significa que los trabajadores de estas unidades podrían verse afectados por los recortes de plantilla previstos, aunque todavía falta concretar en qué número y qué tipo de medidas serían las que se les aplicarían, según confirmaron ayer a este diario fuentes de CC OO.

Se trata en cualquier caso del personal que está adscrito a departamentos que trabajan para los servicios centrales de alguna de las dos entidades ahora fusionadas -como los unidades de riesgos o, en el caso del Popular, las que se encargan de la gestión inmobiliaria- ya que el ERE no afectará a los empleados de las sucursales.

En el caso del Santander, la entidad tiene una de esas unidades en las oficinas que tiene en la plaza de Luceros y otra en la Rambla, mientras que el Popular cuenta con un centro administrativo volcado en la gestión inmobiliaria junto al Mercado Central de Alicante y otro en Elche. Entre todos ellos suman una treintena de personas, de las que todavía se desconocer cuántas acabarán finalmente incluidad en el expediente, lo que dependerá de la negociación y del análisis de necesidades que realice la entidad.

En principio, el grupo financiero pretende suprimir a nivel nacional 2.160 empleos de los aproximadamente 6.000 que sumarían los respectivos servicios centrales de Popular y Santander, que ahora se integrarán. La dirección ha ofrecido que 575 personas se recoloquen en otras empresas del grupo y para el resto se aplicaría el ERE, que incluiría prejubilaciones a partir de los 58 años. Los sindicatos, sin embargo, confían en reducir esa cifra notablemente y, sobre todo, se niegan a aceptar «medidas traumáticas» -es decir, despidos- cuando el grupo tiene beneficios millonarios. Las negociaciones todavía no han empezado.