La banca acelera el cierre de sucursales en la provincia

De hecho, hay que remontarse a los años más duros de la crisis -2012, cuando hubo 118 cierres o 2013, cuando fueron 153- para encontrar cifras superiores a las registradas en estos últimos meses, lo que da una idea de la intensidad del cambio en que se encuentra inmerso el negocio bancario. Basta decir que las 985 oficinas que quedaban operativas en la zona a finales del pasado junio son un 44% menos de las que llegó a haber en funcionamiento en la provincia en el año 2007, cuando la economía y la red de sucursales financieras alcanzaron su máximo, y también suponen la cifra más baja desde el año 1982, de acuerdo con la serie histórica que ofrece el supervisor.

En cualquier caso, Alicante no supone un caso aislado en el conjunto estatal. Al contrario, la aceleración de los recortes también se percibe a nivel nacional, donde en los últimos doce meses las entidades se han deshecho de 2.228 sucursales frente a las 1.390 del periodo anterior.

El dato resulta todavía más significativo si se tiene en cuenta que las últimas dos grandes operaciones que se han registrado en el sector -la absorción de BMN por parte de Bankia y la adquisición del Popular por parte del Santander-, todavía no se han traducido en los habituales recortes de red y de personal que suelen acompañar a este tipo de movimientos, lo que anticipa nuevas bajadas de persiana en los próximos meses.

También significa que son las entidades supuestamente saneadas las que están efectuando en estos momentos los principales ajustes, en un claro intento por seguir mejorando sus cifras. «Los bancos españoles siguen teniendo un problema de rentabilidad. Se mueven en una media del 5% cuando el mercado les está exigiendo entre un 8% y un 10%, por lo que tienen que seguir recortando sus gastos», asegura el director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y catedrático de Análisis Económico, Joaquín Maudos, uno de los mayores expertos en el sistema financiero español.

Un «cóctel explosivo»

Maudos asegura que en estos momentos se han conjugado en el sector varios factores que suponen un «cóctel explosivo» y que justifican este afán por reducir sus costes fijos. Así, por un lado, el experto recuerda que los bajos tipos de interés dificultan que las entidades puedan aumentar sus márgenes y, por tanto, los ingresos con los que cuentan. Una situación que, además, no tiene visos de cambiar a corto plazo, mientras el BCE no modifique su política.

Además, el sector sigue arrastrando «más de 180.000 millones de euros en activos improductivos», es decir, en créditos morosos e inmuebles adjudicados, que no le reportan ninguna rentabilidad pero, por el contrario, sí elevan sus gastos. Por si fuera poco, como recuerda el catedrático, la nueva normativa obliga a las entidades a elevar su capital, un proceso que no concluye hasta el año 2019, lo que exigirá esfuerzos adicionales.

A todo ello, hay que sumar el imparable proceso de digitalización, que lleva a que la mayoría de los clientes ya efectúen sus operaciones habituales fuera de la oficina, lo que ha reducido su importancia. «Sin duda, todavía queda mucho ajuste por delante», insiste el experto, que recuerda que el propio FMI acaba de abogar por una mayor «consolidación» del sector financiero en España, lo que significa «que pide más fusiones, que es lo que permite aplicar economías de escala».

Menos empleo

Como era de esperar, el cierre de oficinas también ha tenido su repercusión sobre el empleo. Al fin y al cabo, las nóminas suponen prácticamente dos tercios de los costes de explotación de las entidades. Así, la actividad bancaria es una de las pocas que sigue destruyendo puestos de trabajo pese a la mejora económica, lo que se ha traducido en la pérdida de 240 empleos en la provincia entre junio de 2016 y junio de 2017. Eso sí, estos ajustes se han realizado sin demasiado ruido para evitar el desgaste de imagen que suponen.