En Coepa ya empiezan a acostumbrarse a vivir constantemente en la cuerda floja. La patronal alicantina vuelve a enfrentarse a la amenaza de la disolución después de que la Generalitat, a través de la Agencia Tributaria, haya decidido reclamarle por la vía de apremio los 1,9 millones de euros -más el correspondiente 20% de recargo- por las subvenciones que en su día le concedió el Servef para la construcción de su centro de oficios. Unas ayudas que ahora este organismo considera que se otorgaron de forma irregular. Sin embargo, nuevamente, Francisco Gómez y su equipo han logrado una prórroga al interponer un recurso de reposición contra la providencia de apremio, que le permitirá ganar algo más de plazo.
Un tiempo que puede resultar muy valioso ya que, entre otras cosas, la patronal alicantina sigue pendiente de que los tribunales resuelvan sobre la suspensión cautelar de esta deuda, que solicitaron el pasado mes de julio cuando presentaron en el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 de València un recurso contra la decisión del Servef de exigirle la devolución de estas ayudas. La patronal siempre ha defendido que todo se hizo de forma legal y recuerda, entre otras cosas, que los tribunales ya archivaron la causa penal abierta por estos mismos hechos, aunque el motivo del carpetazo fue la prescripción de las posibles irregularidades.
En cualquier caso, Coepa también ha optado por solicitar la apertura de un incidente concursal puesto que la reclamación ya constaba como crédito contingente -cuando una deuda todavía no es firme- en el proceso. Con ello pretenden dos cosas. Por un lado, que el juzgado se pronuncie sobre si realmente el Servef puede considerar firme esta deuda, cuando todavía sigue pendiente del recurso contencioso-administrativo, y en caso afirmativo, que señale si la misma debe acogerse a la quita del 95% que se aprobó para los acreedores ordinarios.
Desde el Servef consideran que la reclamación de las ayudas no puede tener la consideración de deuda ordinaria y, por tanto, exigen su devolución completa. Pero los asesores jurídicos de la patronal, por el contrario, creen que debe someterse a la quita ya que no se trata de una deuda tributaria y, por tanto, a su juicio no tiene consideración de crédito público. De lo que decida el juez dependerá el futuro de la organización.
El Servef decidió reclamar las ayudas que había otorgado para la construcción del centro de oficios tras una denuncia presentada por Cepyme en la Conselleria, en la que se advertía de que no se habían cumplido las condiciones para su concesión, que exigían el mantenimiento de la actividad docente en el edificio durante un mínimo de diez años cuando, en realidad, llevaba varios ejercicios cerrado.
Posteriormente, el organismo público amplió el expediente de reintegro e incluyó el hecho de que la construcción del centro se hubiera financiado con un crédito del Instituto Valenciano de Finanzas, lo que, a su juicio, suponía que Coepa había recibido dos subvenciones con la misma finalidad. Un término que luego modificó por el de «fondos públicos», ante las alegaciones de Coepa señalando que la hipoteca no podía considerarse una subvención.
Denuncia penal
El Servef también presentó una denuncia penal afirmando que se habían duplicado facturas para la disposición del dinero, algo que la patronal negó y señaló que se habían utilizado las mismas facturas para dos trámites administrativos distintos, lo que no suponía ninguna ilegalidad. A pesar de que el caso se archivó -aunque está recurrido-, el Servef siguió con el expediente administrativo y, tras declararlo firme, ha decidido reclamar el dinero por la vía ejecutiva. Por su parte, Coepa tiene este expediente recurrido en el tribunal contencioso-administrativo.
