El expediente sancionador que el Banco de España abrió contra los directivos, consejeros y miembros de la comisión de control de la CAM seguirá paralizado, como mínimo, hasta que la sentencia conocida este martes sea firme, lo que no ocurrirá antes de un año si, como se prevé, alguno de los afectados recurre el fallo. De esta forma, el medio centenar de expedientados pueden seguir respirando tranquilos, al menos por lo que respecta a las multas por vía administrativa que prevé este expediente, ya que muchos de ellos también están investigados en las diversas causas penales que faltan por juzgar.

De hecho, los servicios jurídicos del supervisor bancario están analizando si la sentencia de la pieza principal es suficiente para reactivar el expediente -ya que es la que contiene la mayoría de los hechos por los que se decidió abrir este proceso sancionador- o si habría que esperar también a la conclusión del resto de juicios pendientes.

Fue en febrero de 2012 cuando el Banco de España decidió incoar un expediente disciplinario contra los máximos responsables de la CAM al considerar que la entidad había violado varios artículos de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito al detectar fallos graves en los mecanismos de control interno de la entidad, así como prácticas contables destinadas a alterar la realidad patrimonial de la caja. También por la incapacidad de sus consejeros y directivos para presentar un plan de viabilidad coherente y por los fallos de supervisión cometidos por la comisión de control de la caja.

Por todo ello, impuso a los expedientados diversas sanciones que van desde el millón de euros que, sobre el papel, debería pagar la propia entidad, hasta los 6.000 euros de multa para los miembros de la comisión de control. En el caso de los directivos y consejeros las sanciones acumuladas pueden llegar a los 800.000 euros. Entre estos últimos no está el exdirector general Roberto López Abad -uno de los ahora condenados por el falseo de las cuentas- que «sólo» afrontaría una multa de 300.000 euros porque cesó oficialmente en el cargo en diciembre de 2010 y sólo le atribuye dos de las cuatro infracciones detectadas.