Las entidades financieras cada vez solicitan menos embargos por el impago de las cuotas hipotecarias. La mejora de la situación económica, que ha reducido notablemente los índices de morosidad, y el momento de impasse que se vive en los juzgados -que siguen a la espera de que la Justicia europea se pronuncie sobre la legalidad de determinados aspectos del proceso español de ejecución hipotecaria- han rebajado practicamente a la mitad las peticiones que presentan los bancos con respecto a lo que era habitual hace tan sólo un año, hasta dejarlas en niveles incluso inferiores a los que se registraban antes de la crisis.

Así, en el segundo trimestre de este año se presentaron en los distintos juzgados de la provinca 545 peticiones de ejecución hipotecaria, un 49,7% menos que en el mismo periodo de 2016 -cuando fueron 1.085-y la cifra más baja de la serie histórica que ofrece el Consejo General del Poder Judicial, que se remonta al año 2007. Una evolución muy similar a la ocurrida a nivel nacional, donde se ha pasado de 14.385 a 7.689 solicitudes en el mismo periodo.

Las propias entidades consultadas por este diario atribuyen esta fuerte caída a varios factores y aseguran que la económica no es la menor de ellas. En este sentido, señalan que la mejora del empleo ha rebajado notablemente el nivel de impagos e, incluso, ha permitido que muchos morosos se pusieran al corriente de pago de sus deudas. Además, la reactivación del mercado inmobiliario también facilita que los clientes con problemas puedan vender la casa y cancelar las cantidades pendientes -o su mayor parte-, algo impensable hace muy poco tiempo. A todo ello hay que unir que los propios bancos han puesto en marcha mecanismos para buscar soluciones alternativas y evitar que se acumulen nuevos inmuebles en sus balances.

Pronunciamiento europeo

Pero, sin duda, en la caída del número de embargos que solicitan los bancos también ha influido el hecho de que los juzgados hayan paralizado la mayoría de los procesos en marcha a la espera del pronunciamiento que debe realizar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como recuerdan desde el bufete Cañizares Abogados. Como se recordará, este organismo declaró ilegal la denominada cláusula de vencimiento anticipado, que es la que permite que los bancos reclamen toda la deuda con sólo un impago -aunque normalmente se hace a partir de la tercera cuota insatisfecha-, y señaló que, para iniciar este procedimiento, era necesario que el importe de dicho impago fuera una cantidad significativa de la deuda total. El problema es que no especificó qué consideraba «una cantidad significativa», por lo que el Supremo ha solicitado una aclaración. Hasta que se resuelva los juzgados han paralizado los procesos basados en dicha cláusula, que son la mayoría. Así, la banca sólo está presentando los casos que considera más claros.

Más allá de las peticiones de embargo, otra dato significativo de las estadísticas del Poder Judicial es que también se han reducido los desahucios. Es decir, los desalojos forzosos. En este caso la caída ha sido menor, de un 22,7%, aunque hay que tener en cuenta que en la actualidad la mayoría de los lanzamientos que se solicitan en los juzgados ya son por impago del alquiler, que siguen aumentando. En total, entre abril y junio se practicaron 951 desahucios en Alicante.