El catedrático de Análisis Económico Joaquín Maudos, considera que la «repercusión real» del traslado de la sede social de Banco Sabadell de Cataluña a Alicante «es pequeña», señala el experto, que también es director adjunto de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), con sede en Valencia.
El consejo de administración del banco tomó la decisión el pasado jueves ante el clima de incertidumbre creado por el desafío independentista catalán. Un acuerdo que sólo supone formalizar un trámite:«inscribir en el Registro Mercantil de Alicante la nueva sede», pero que no implica que se traslade la sede operativa, contextualiza el experto.
Sólo en el ámbito fiscal es donde el economista sitúa la mayor repercusión, «porque algunos impuestos son autonómicos y municipales, y eso sí revierte en Alicante y en la Comunidad Valenciana», añade.
Además, en este sentido, advierte de que el grueso en el terreno fiscal lo conforma el Impuesto de Sociedades, «que no va a incidir, porque es un gravamen que la Agencia Tributaria Estatal recauda directamente» -y de forma íntegra- , por lo que «no forma parte del reparto de la financiación autonómica», explica.
Preguntado por las posibles repercusiones en la economía real de la provincia, el experto también considera que «en términos de creación de riqueza y empleo, de momento, las veo reducidas; salvo que más adelante por cuestiones estratégicas el banco decidiera llevar a Alicante parte de los servicios centrales, que no creo», incide. Joaquín Maudos advierte de que el centro de decisión operativo «va a seguir estando en Cataluña y creo que va a seguir así». Recuerda que esta situación es equivalente «a la que tienen el Santander, con la sede social en la capital cántabra y la operativa en Madrid, o el BBVA, con domicilio social en Bilbao y el centro de decisiones, en Madrid».
«Un formalismo»
El analista circunscribe la decisión tomada por el Banco Sabadell, que preside Josep Oliu, como «un formalismo para tener la sede fuera de Cataluña, estar bajo el paraguas del Banco Central Europeo (BCE) en el caso de que Cataluña se independizase, y tener el respaldo legal de que los depósitos están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos».
