«Preguntaba tanto que me llamaban el preguntón». Así respondió ayer el expresidente de la Cámara de Comercio de Alicante José Enrique Garrigós a la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela al ser cuestionado por el grado de fiscalización desde la comisión de control a la que pertenecía de las operaciones de la CAM en el Caribe.
El empresario turronero declaró en calidad de investigado en el proceso abierto por los negocios hoteleros que la caja montó al otro lado del Atlántico con los empresario de Benidorm Juan Ferri y José Baldó. Un procedimiento en el que, además de los empresarios y de quince miembros de ese órgano de control, están encausados el exdirector general de la entidad Roberto López y quien era su hombre de confianza en inversiones inmobiliarias Daniel Gil. La juez sostiene que con estas actuaciones se causó un quebranto a la CAM de 25 millones de euros.
A diferencia de investigados que, como el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés, entre otros, se ha acogido a su derecho a no declarar, Garrigós respondió a todas y cada una de las cuestiones que se le plantearon en presencia de la magistrada. Ante ella aseguró que él preguntaba, y mucho, sobre todo lo que se llevaba a la comisión y que siempre que se interesó por las operaciones que se están investigando le respondían que iban bien.
Agregó que a las reuniones asistían directivos de la CAM y representantes de la auditora de la caja de los que él se fiaba. Y que, además, desde 2008 había un inspector del Banco de España de forma permanente en la entidad. Prueba de que en ningún momento sospechó de que las cosas pudieran ir mal es el dinero que invirtió en cuotas participativas, dijo.
Los que no dijeron ni mu
La declaración de Garrigós fue, de las previstas ayer, la única que se pudo desarrollar con normalidad. Al igual que ocurrió en la anterior jornada, ayer también hubo quien optó por no declarar. Tal fue el caso de los alicantinos Raúl Serrano, José Ruzafa y Noelia Pastor, quienes desde Elche y por videoconferencia se acogieron a su derecho a no abrir la boca.
Hasta la Audiencia Nacional sí que se desplazó, además del expresidente de la Cámara de Alicante, quien fuera su homólogo en la de Palma, Juan Ramón Gual de Torrella Guas, pero su ingreso en la comisión de control en 2010, cuando ya se había dado el visto bueno a las operaciones de la CAM con Ferri y Baldó, hizo que su testimonio no fuera relevante.
Exceptuando a uno de los citados a cuya declaración se ha renunciado por motivos de salud, la magistrada va llamar a través de la Guardia Civil a la economista Remedio Ramón y a la bailarina Isabel Cambronero, quienes no han respondido a la primera citación ni han explicado los motivos de por qué no lo han hecho.
Quienes declararon el martes, entre ellos el exdiretor del IVF, José Manuel Uncio, aseguraron que las operaciones llegaban a la comisión aprobadas por los directivos y que allí se les dada el visto bueno en bloque sin analizarlas individualmente.
