04 de octubre de 2017
04.10.2017
Transportes

Sí al uso del español en las comunicaciones aéreas

Pilotos y controladores podrán usar el idioma "cuando los escenarios operativos así lo aconsejen"

08.10.2017 | 00:58
Dos pilotos, en un avión.

El Ministerio de Fomento indicó este martes que los pilotos y los controladores aéreos podrán utilizar el español en sus comunicaciones "cuando los escenarios operativos así lo aconsejen", según un comunicado.

La propuesta responde a la demanda del sindicato de pilotos Sepla y el de los controladores Usca, que denunciaron que, en aplicación de un reglamento europeo, sería obligatorio que pilotos y controladores se comunicaran en inglés en los aeropuertos españoles con más de 50.000 movimientos internacionales al año, pese a que compartieran como idioma el español.

Tras conversaciones con estos colectivos, Fomento ha dicho que el futuro real decreto posibilitará el uso del inglés o del español como idioma único cuando los escenarios operativos lo aconsejen.

El ministerio ha añadido que el objetivo es reforzar las condiciones de seguridad en los aeropuertos españoles en los que hay que aplicar el reglamento, que en España son el Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Alicante-Elche, Barcelona-El Prat, Gran Canaria, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca y Tenerife Sur-Reina Sofía.

La propuesta será concretada en los estudios de seguridad que hasta finales de este año y atendiendo al contenido del reglamento comunitario se realicen entre la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), Enaire, Aena, la Dirección General de Aviación Civil y el sector.

Sepla y USCA han celebrado que finalmente el Ministerio de Fomento vaya a hacer uso de la excepción contenida en el reglamento europeo, como han hecho otros países para evitar que su idioma quede totalmente desplazado por el inglés en los aeropuertos con más de 50.000 movimientos internacionales al año.

Recuerdan que el reglamento permite a los estados miembros no aplicar el requisito de utilizar el inglés obligatoriamente comunicándolo a la Comisión Europea (CE) antes de que empiece a aplicarse el próximo 12 de octubre.

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