04 de octubre de 2017
04.10.2017

El Consell reestructura las ayudas a patronal y sindicatos para colar a los minoritarios

Los 5,2 millones que se repartían los agentes mayoritarios quedan reducidos a 2,4 y la organización empresarial dejará de ingresar 1,6

05.10.2017 | 01:02

Empujada por una sentencia del Tribunal Supremo, la voluntad de calmar los ánimos entre los sindicatos minoritarios y los cambios en el entramado patronal tras la desaparición de la autonómica Cierval, la
Conselleria de Economía Sostenible va a ejecutar, en los presupuestos de la Generalitat de 2018, un cambio en la ley de participación institucional formalmente significativo aunque en el fondo no lo es tanto. La citada legislación, aprobada por el Consell del PP en enero de 2015, compensa anualmente con 5,2 millones de euros a las centrales mayoritarias CC OO y UGT y a la patronal autonómica (antes Cierval, ahora CEV) por los gastos que les genera participar en los diversos foros y organismos públicos donde se tratan cuestiones relacionadas con empresas y trabajadores. La organización empresarial ingresa 2,6 millones y los otros 2,6 se los reparten los dos sindicatos. Además, en los programas dirigidos a los agentes sociales, que tienen su propia dotación presupuestaria y afectan a cuestiones como la salud laboral, hay libre concurrencia, es decir, se lleva las ayudas el que presenta ofertas y propuestas más solventes.

En octubre de 2015, ya con el Gobierno del Botànic, se aprobó el reglamento de la citada ley. Los minoritarios clamaron de nuevo contra el texto y recurrieron al TSJ primero y luego al Supremo, que dejó sin efecto dos artículos del decreto y los incisos a otros dos. En la práctica, esto significaba que a partir de ahora solo podrán ser subvencionables las iniciativas y actuaciones de origen institucional y, en consecuencia, dejarán de estarlo aquellas que provengan de los sindicatos mayoritarios o la patronal.

El pasado lunes, el conseller de Economía, Rafa Climent, y la directora general de Trabajo, Cristina Moreno, se reunieron con los máximos responsables del Sindicato Independiente (SI), CSIF, USO, Intersindical y CGT, para exponerles los cambios que se introducirán en la ley de participación institucional. Según explicaron ayer a este diario Moreno y el líder del SI, Fermín Palacios, el nuevo diseño consiste en reducir en 2,8 millones la cantidad que CEV, UGT y CC OO reciben de forma fija y anual. A partir de 2018 se repartirán 2,4 millones, a razón de 800.000 euros cada uno. El dinero que se libera, más una aportación adicional que hará la conselleria, se distribuirá por tres vías. Por un lado, se aumenta de 380.000 euros a 2,25 millones el dinero que se reparte entre todos los sindicatos en función del número de delegados que obtengan. Por otro, se establecen líneas específicas para prevención de salud laboral. 600.000 euros a dividir a tres partes iguales se abonarán a CEV, UGT y CC OO. Otros 600.000 euros serán de libre concurrencia.

Palacios aseguró que, «transitoriamente, esta reformulación nos contenta», pero los minoritarios «no vamos a renunciar, como anunciamos, a impugnar el reglamento de la ley ante el Constitucional y a que el Tribunal de Cuentas analice si las justificaciones de los mayoritarios y la patronal en los ejercicios 2015 a 2017 por las ayudas recibidas eran conforme a Derecho».

En la práctica, la reforma beneficia a los minoritarios, porque les mejora la financiación por la vía de los delegados, deja más o menos igual a los mayoritarios (lo que pierden por un lado lo ganan por otro) y perjudica a la patronal, que pierde 1,6 millones. No obstante, conviene recordar que la nueva autonómica CEV basa su estrategia de ingresos en el sector privado y que su antecesora Cierval nunca llegó a consumir el dinero que le correspondía, fundamentalmente porque las provinciales de Alicante y Castellón, esta última al borde de la extinción, carecían de medios para cumplir la participación institucional.

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