Retrasos en los pagos por parte de las grandes compañías, superiores al plazo de 60 días que establece la ley, «ahogan» económicamente a las subcontratas más pequeñas y les empujan hacia un escenario de incertidumbre que puede paralizar las inversiones y la creación de empleo. Estas son las principales conclusiones del estudio realizado por el Observatorio Económico de la Provincia de Alicante (OEA) sobre la morosidad en el sector privado. Un informe que, a petición de la Confederación de las pymes alicantinas (Cepyme), han elaborado los economistas y profesores en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche José Antonio Trigueros, a su vez presidente del OEA, y el vicepresidente de la entidad, Juan José Bolufer.
El objetivo final del estudio era cuantificar el impacto económico que causa la demora del pago de las grandes compañías con respecto a las pymes. Y las cifras que refleja el informe -basado en datos de 2016- hablan de 12.148,37 millones de euros en España, «que suponen un poco más del 1% del PIB», explica Trigueros. Y «si tenemos en cuenta que Alicante representa el 3,1% del PIB, el efecto en la economía de la provincia sería de 376 millones que no llegan en plazo a las pymes alicantinas», advierte Bolufer. Una situación que, en muchos casos, «obliga a las pequeñas empresas a tener que buscar una alternativa financiera, lo que les supone soportar un coste financiero más, con los intereses de demora», añade el economista.
Para los expertos, si ese montante de dinero pendiente de cobro por parte de las pymes bajara en tiempo a la economía real y no lo retuvieran las grandes compañías, «que suelen utilizarlo como herramienta de su política financiera, beneficiaría a la creación de empleo. Si este supuesto se cumpliera, es decir, que las empresas tuvieran esa disponibilidad, y teniendo en cuenta el porcentaje que suele dedicarse a recursos humanos (el subgrupo 64 contable o el capítulo 1 en la Administración), el aumento potencial de empleo en el sector privado «sería de 158.000 puestos de trabajo en España y de más de 30.000 en Alicante», subraya el profesor Trigueros.
Los periodos que fija la ley
Hace años eran las administraciones públicas las que tardaban mucho en pagar. Y fue la Ley Morosidad de 2004 -que regula los plazos e, incluso, obliga a estas a liquidar intereses- la que estableció los periodos de pago tanto para el sector privado como para el público. Este último debe abonar las facturas a sus proveedores en 30 días, mientras que el privado debe hacerlo en 60. Unos límites que se superan en ambos casos, advierten los economistas.
En el de las administraciones, el periodo medio de pago es de 71 días, «muy lejano al de los 30 que marca la ley». Y el del sector privado se sitúa en 77 días. «Pese a que este se ha reducido en ocho días sobre 2015, todavía se superan los 60 establecidos por la Ley 3/200», según se asegura en el informe, que también se ha basado en los resultados de encuestas de entidades a nivel nacional como Crédito y Caución, Iberinform y el IE Bussines School o la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Incluso, los expertos manejan datos de casos en los que los pagos «son a 120 días o de más de año y medio», aseguran. «El problema es que no hay ninguna pyme que resista año y medio sin cobrar y sin poder pagar, a su vez, a los empleados o proveedores», advierte Trigueros. Para el economista, «se da la paradoja de que grandes empresas que resultan adjudicatarias en concursos públicos -y la mayoría subcontrata a pymes- cobran de las administraciones en unos plazos bastante ajustados, mientras que ellas alargan sus periodos de pago con las pequeñas empresas, situándolas en un escenario de incertidumbre», expone Trigueros. El estudio recoge algunos de los datos de las encuestas de las fuentes consultadas sobre la situación actual de la morosidad en España. Y, entre otros, se destaca que «los impagos amenazan la supervivencia del 13% de las empresas», según el estudio de Crédito y Caución, Iberinform y el IE Bussines School.
«Imposición de plazos»
Igualmente, otras encuestas de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad revelan que el 96% de los proveedores no exigió la indemnización legal por costes de recobro por impago o retraso; que el 91% nunca exigió a sus clientes morosos intereses de demora o que «a dos de cada tres empresas encuestadas se les imponen plazos de pagos superiores a los que permite la ley», señala el informe. Este último dato les ha servido como inicio para el cálculo del impacto económico de la morosidad. Y los expertos explican la metodología para hacer su estudio, «partiendo de los datos del Producto Interior Bruto (PIB) de 2016, diferenciando la parte pública y la privada, y según las cifras oficiales, este supone el 57,8%, lo que equivale a 643.149 millones». Y en el caso del privado,«se estima que las grandes compañías alcanzan el 40% del PIB privado, esto es aproximadamente 257.000 millones». Teniendo en cuenta estos datos y que el plazo medio de pago del sector privado es de 77 días (17 más sobre la normativa), se ha calculado el efecto sobre la circulación monetaria de esos 17 días de retraso. La cifra resultante es la de más de 12.000 millones. Los economistas consideran que los porcentajes que reflejan las encuestas consultadas son muy elevados.
Un hecho que vinculan a la situación de «David contra Goliat» que viven las pymes con respecto a las grandes compañías. «No reclaman porque no quieren perder al cliente y aceptan la imposición de plazos porque se arriesgan a que no les vuelvan a contratar», resumen Trigueros y Bolufer, quienes destacan, igualmente, el porcentaje de que «el 2% de las empresas aún desconocen la existencia de la ley, con los plazos que le dan derecho a determinadas exigencias, si no se cumplen», añade Juan José Bolufer.
