Cuatro mil euros de salida por la posibilidad de un puesto en el pleno de la Cámara de Comercio sin pasar por la contienda electoral. Suena a subasta, pero en realidad se trata de un sistema para financiar la organización previsto en la Ley Básica de Cámaras que persigue que los empresarios se impliquen realmente en la organización.
El pleno cameral dio ayer el visto bueno al informe del secretario sobre el proyecto de reglamento de régimen interior al que obligan los cambios en la legislación de cámaras de comercio, entidades privadas bajo la tutela pública. El nuevo reglamento pasó los filtros del pleno, pero será la Generalitat quien lo apruebe de forma definitiva.
Como consecuencia de los cambios legales, el proceso electoral que se abre el próximo 2 de octubre y que culminará el 30 de septiembre de 2018, le pega la vuelta a la normativa que convirtió en presidente al turronero José Enrique Garrigós y que delegó en la interinidad del actual mandatario y hasta ahora único precandidato, Juan Bautista Riera.
Acorde con la legislación nacional, los grupos de electores se reducen; el de miembros también, de 69 a 60; los puestos electos para formar parte del pleno pasan de 60 a 40; 12 lograrán plaza en el máximo órgano de la Cámara mediante aportaciones voluntarias (mínimo 4.000 euros) y a ocho los designará la patronal. Hasta ahora, estos últimos los decidía Coepa por delegación de la desaparecida Cierval. Ahora, la manija está en poder de la Confederación de Empresarios de Valencia (CEV), autoproclamada patronal autonómica sin el apoyo de Coepa, que sale debilitada del cambio. El pleno fijó ayer las recomendaciones relativas a las aportaciones voluntarias. La Cámara quiere elaborar un censo de empresas dispuestas a aportar miembros al pleno. Por unanimidad, informaron fuentes camerales, la aportación mínima recomendada se ha fijado en 4.000 euros más IVA al año. El plazo para poner el dinero, previa aprobación de la Generalitat, será el 31 de diciembre. La empresa decidida a sentarse en el pleno por esta vía debe comprometerse a pagar esa cantidad cada año del mandato (cuatro). En caso de impago, pierde el sitio. Será la Generalitat la que decida qué empresas de las que utilicen esta vía tendrán acceso directo.
