23 de septiembre de 2017
23.09.2017

El Banco de España cifra en al menos 28 los millones que perdió la CAM en el Caribe

El Fondo de Garantía incide en el perjuicio que le han causado los negocios de la caja con Ferri y Baldó

25.09.2017 | 00:14
El exdirector general de la CAM Roberto López Abad en una imagen reciente.

Se opone al recurso de López Abad contra la citación de la comisión de control y le recuerda que ya usó los mismos argumentos para pedir el archivo del caso.

Dando a diestro y a siniestro. Así ha respondido el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) al recurso del exdirector general de la CAM Roberto López Abad contra la decisión de la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de citar a declarar a los miembros de la comisión de control de la participada con la que la CAM se embarcó en los negocios en el Caribe.

Cinco operaciones bajo sospecha que ha dado pie a un procedimiento en que ya figuran como investigados el exdirectivo, su entonces hombre de confianza en inversiones inmobiliarias, Daniel Gil, y los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó. Ahora hay que sumar los quince consejeros que desfilarán ante la juez en la primera semana de octubre.

La instructora sostiene que las inversiones de la caja en las operaciones con los hoteleros se hicieron «al margen» o incluso «en contra» del procedimiento previsto en la CAM para este tipo de negocios. Y que tanto López Abad como Gil «lograron un desplazamiento de fondos de la entidad en beneficio de Valfensal (la sociedad con la que operaban) y con ello de los otros dos querellados», en alusión a Ferri y a Baldó.

Prescripción

Tras rebatir la tesis planteada por López Abad sobre la prescripción de los hechos que se investigan, el abogado del FGD refuta también los argumentos con los que el exdirector general pretende invalidar el contenido del informe de Deloitte que dio pie a la querella y en el que se apoya la magistrada. Y lo hace llamando a atención sobre el hecho de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, además del propio Banco de España, han validado lo expuesto por la auditora.

Como ejemplo recoge parte de las conclusiones de los agentes que en un informe de octubre de 2013 aseguran, en alusión a esta s operaciones, que «esta falta de control por parte de la CAM sobre las inversiones podría haber perjudicado los intereses de la entidad en las operaciones realizadas por el grupo Valfensal, ya que los fondos para el abono de las operaciones realizadas proceden de los préstamos concedidos por la entidad bancaria»O como cuando afirman que «una vez aprobada la financiación indirecta a Valfensal no se produjo un control por parte de TI o de la CAM de cómo se estaban llevando a cabo los proyectos planteados». Control que correspondía, entre otros, a los consejeros ahora citados.

Al margen de estas precisiones, recuerda el letrado del Fondo que esta misma argumentación, la que cuestiona el informe de Deloitte, ya fue esgrimida en este proceso por López Abad en 2013 para una petición de sobreseimiento que fue rechazada.

Daño y legitimación

Frente a los 32 millones en que el exdirector general cuantifica los beneficios que obtuvo la CAM por su alianza con Ferri y Baldó y el cuestionamiento de la legitimación del Fondo, echa mano el letrado de este organismo de la ratificación que sobre este punto realizó el inspector del Banco de España José María Ruiz en noviembre de 2015. Una intervención en la que textualmente afirmó que «el Fondo de Garantía ya ha perdido 28 millones, puede perder más, pero no menos». En referencia, esta última precisión, al Esquema de Protección de Activos (EPA) «de tal forma que si las pérdidas que tiene el Sabadell en determinadas carteras se incrementan, el Sabadell soportaría el 20% de esta pérdida adicional y el FGD el 80%», según explicó el funcionario.

Y recuerda además la postura del Supremo en el primer juicio de la CAM, donde también los acusados cuestionaron la legitimidad de este organismo. El Alto tribual sentenció que «el Fondo ha sido el que ha sufrido el perjuicio ya que ha sido esta entidad la que ha tenido que reparar las consecuencias que las conductas de los directivos de la entidad provocaron tanto en el propia entidad como para el sistema financiero».

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