¿Cómo van a acceder a la vivienda los jóvenes que sólo encuentran empleos precarios o a tiempo parcial? ¿Qué va a ocurrir con las miles de personas que perdieron sus casas con los desahucios y que siguen sin una solución definitiva? ¿Cómo van a comprar un nuevo piso las familias con suficiente capacidad económica si no pueden vender sus antiguas casas para pagar parte de la operación? Estos son algunos de los problemas que deja tras de sí el auténtico «shock» que ha vivido el sector de la construcción en Alicante y en el conjunto del país y que no podrán resolverse si las administraciones no empiezan a tomar cartas en el asunto, con una política de vivienda «decidida» y la adopción de medidas para mejorar la fluidez del crédito y la mejora del mercado de trabajo.

Es la advertencia que lanza la catedrática Paloma Taltavull en el artículo en el que analiza los efectos de la recesión en el sector del ladrillo para el informe Crisis y recuperación de la economía alicantina, que el próximo lunes presentan en el Instituto de Economía Internacional de la UA e INFORMACIÓN. Un artículo que deja bien a las claras las profundas heridas que aún presenta un sector que llegó a generar por sí solo más del 12% de toda la riqueza de la provincia y que hoy sigue a medio gas, a pesar del enorme tirón de los compradores extranjeros.

Y es que, como destaca Taltavull, el mercado inmobiliario alicantino se ha caracterizado por la doble fuente de demanda que supone, por un lado, la necesidad de vivienda de la población autóctona y los inmigrantes; y, por otro, la que protagonizan los europeos y los residentes de otras regiones en busca de segundas residencias. Ésta última es la que hace tiempo que se ha recuperado, gracias a que buena parte de las operaciones se pagan al contado, pero la demanda local aún presenta un elevado grado de parálisis, precisamente, según la especialista, por las dificultades para acceder a la financiación.

Un problema que llega por las restricciones que aplica la banca -el importe medio financiado en los últimos catorce años no llega al 55% del valor de la vivienda-, pero también por el empleo precario y temporal que impide acceder a esos mismos créditos. Al mismo tiempo, Taltavull llama la atención sobre la necesidad de proveer de nuevos hogares a las familias que han perdido sus casas durante la crisis, por lo que insta a poner en marcha política «fuerte y decidida» de vivienda «que reordene las unidades existentes con su uso social». También aboga por una «política integrada e imaginativa» para resolver los problemas de acceso a la vivienda de amplias capas de la población local.