El gran peso que tiene en la provincia el alojamiento no reglado, es decir, los apartamentos y segundas residencias que se alquilan sin declarar -que acaparan tres de cada cuatro pernoctaciones en la zona- impiden «una adecuada, justa y equitativa implantación de la denominada tasa turística». Ésa es, al menos, la conclusión a la que llegan las profesoras Adelaida Lillo y Ana Belén Ramón que, sin realizar ningún alegato a favor ni en contra del gravamen, sí que dejan claros los problemas que conllevaría su aplicación en el capítulo que dedica al sector vacacional el dosier Crisis y recuperación de la economía alicantina.

Un documento que supone un extenso repaso a la evolución de los principales sectores productivos de la provincia y del conjunto del país a lo largo de la última década y que el Instituto de Economía Internacional de la UA e INFORMACIÓN presentan el próximo lunes en la Estación Marítima de Dénia, en un acto que cuenta con la colaboración de Baleària, Hidraqua, la Conselleria de Economía Sostenible y la Generalitat. El dosier se entregará a los lectores de la edición impresa del diario el próximo martes y el miércoles estará disponible en la web.

Con una aportación al PIB provincial del 18%, según las autoras, la buena marcha del sector turístico ha sido una de las claves para evitar una crisis aún más profunda en Alicante. Si bien el impacto inicial supuso un importante recorte del número de visitantes y de pernoctaciones, la rápida recuperación de la demanda internacional, favorecida por el cierre de los mercados del Norte de África y Turquía, ha permitido que los niveles de actividad y empleo en el sector se hayan mantenido e, incluso, incrementado. Así, en el tercer trimestre de 2016 el conjunto de negocios relacionados con el turismo daban trabajo en la provincia a más de 100.000 personas, muchas de ellas pertenecientes a colectivos con dificultades para acceder al empleo, como destacan las autoras.

Infraestructura turística

En total, en la provincia operan alrededor de 350 establecimientos hoteleros -en su mayoría en Benidorm- con casi 68.000 plazas, a las que hay que sumar las 30.000 plazas que ofertan los campings, las 2.000 de los alojamientos rurales y las 117.000 de los apartamentos turísticos declarados. Sin embargo, a pesar de la existencia de esta importante infraestructura, «casi tres cuartas partes de las pernoctaciones registradas (en la Costa Blanca) se dan en alojamientos no reglados», recalca el informe. No en vano, el 25,6% de todo el parque de viviendas de la provincia son segundas residencias.

Por eso, dada la relevancia de esta modalidad turística, las dos investigadoras consideran que «urgen acciones encaminadas seriamente a su legalización, transparencia y consiguiente mejora de la calidad» para reforzarlo. En la misma línea, estiman necesario «potenciar la especialización del aeropuerto de Alicante en el tráfico de compañías aéreas de bajo coste», que son las que propician que este tipo de turismo de apartamentos pueda llegar de toda Europa. Además, apuntan que «ubicar en la provincia un hub o centro logístico de operaciones» de alguna de estas compañías «generaría más empleo, efecto arrastre a otros sectores, además de un aumento de las conexiones».

En cualquier caso, es este mismo peso del alojamiento no reglado «el argumento fundamental que impide una adecuada, justa y equitativa» implantación de la tasa turística. Del mismo, el documento señala que «aprovechar las oportunidades de transparencia que supone la comercialización online de los apartamentos en la provincia para legalizar gran parte de la oferta, se constituye en uno de los retos más importantes que afronta la Costa Blanca».

Más allá de esto, el apartado de recomendaciones del documento también apunta la necesidad de «un constante relanzamiento» del producto de sol y playa, con mejoras de la calidad por el lado de la oferta, además de complementarlo con otros segmentos, como el turismo deportivo, de congresos o cultural. También abogan por mejorar el capital humano y por fomentar la colaboración entre empresas del sector y, sobre todo, ser capaces de incorporar las nuevas tecnologías y de adaptarse al reto que supone el auge de la economía colaborativa.