En línea con lo expuesto por su otrora superior Roberto López Abad, el exresponsable de empresas de la CAM Daniel Gil Mallebrera defiende la racionalidad económica de los negocios que la caja montó en el Caribe con los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó. Y lo hace ante la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que está investigando estas inversiones bajo la sospecha de que se desviaran fondos de la caja en beneficio de los dos exdirectivos de la entidad y de los dos empresarios, investigados todos ellos en este proceso por los cargos de apropiación indebida o administración desleal.
En el recurso contra la decisión de la juez de citar a declarar a los miembros de la comisión de control de TIP (la participada con la que la CAM se asoció con los hoteleros en la mercantil Valfensal), Gil Mallebrera precisa que la caja «contaba al menos con tres informes o estudios financieros sobre las plusvalías crecientes que iban generando las inversiones en Valfensal», y que éstas «ascendían a fecha 31 de agosto de 2012 a más de 130 millones de dólares, lo que representaba el 71% del coste original de la inversión»:
En el escrito, el exresponsable de inversiones inmobiliarias recuerda que el propio Banco de España señaló en su informe del 24 de febrero de 2012 que «en la práctica, la totalidad de proyectos de inversión con informes favorable de TIP han sido aprobados por los órganos competentes de la CAM».Y, frente a la afirmación de la instructora de que la aventura empresarial de la CAM en el Caribe le supuso a la caja un quebranto económico de más de 25 millones, Gil precisa, también en plena sintonía con López Abad, que «no sólo no ha habido ningún perjuicio ni pérdida alguna en Valfensal sino que está acreditado que la inversión en esta mercantil únicamente ha generado beneficios de todo orden». Unas ganancias que el exdirector general cifra en 32 millones».
Tras arremeter, también como López Abad, contra la utilización y el contenido del informe de Deloitte en el que se apoya tanto al querella inicial como la magistrada, Gil Mallebrera enumera en quince puntos las bondades de la alianza empresarial con Ferri y con Baldó de la que dice, por ejemplo, que «la rentabilidad media anual de los préstamos concedidos por la CAM a Valfensal ha oscilado entre el 3,8% y el 5,1%» o que «la vida útil de las edificaciones y negocios sobre los que recaía la garantía hipotecaria se estimó en más del doble de la amortización de los préstamos».
En otro de estos apartados destaca que «a fecha 31 de agosto de 2012 la caja había recibido más de 25 millones en concepto de intereses por estos préstamos» y que todos los préstamos no sólo estaban garantizados sino que contaban con tasaciones realizadas por peritos independientes.
Al igual también que López Abad, Gil niega la legitimidad del Fondo de Garantía de Depósitos, acusación particular en este proceso, porque, según afirma, «no desembolsó ni ha dispuesto un sólo euro por causa de las operaciones referidas a Valfensal».
