Con permiso de la construcción, si hay un sector que ha acusado como pocos el golpe de la crisis económica es el financiero. El duro proceso de ajuste que ha vivido la banca se ha traducido en una importante reducción del número de operadores y de oficinas y, en el caso de Alicante, en la pérdida de la que era su principal entidad, la Caja del Mediterráneo, lo que ha alterado por completo el mapa del sector en la provincia.
Unos cambios que la profesora de Análisis Económico Aplicado de la UA Gloria Pardo trata con profusión en el capítulo dedicado al negocio bancario del informe Crisis y recuperación de la economía alicantina, el documento que la próxima semana presentan INFORMACIÓN y el Instituto de Economía Internacional de la UA, con el patrocinio de la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Economía Sostenible, Hidraqua y Baleària.
En concreto, según los datos que aporta Pardo, de las 56 entidades que operaban en Alicante en el año 2008 ya sólo quedan 35, tras los procesos de fusión e integración que se han registrado en este tiempo. Además, de las cinco cajas que tenían su sede en la provincia, sólo Caja Rural Central mantiene su estatus, mientras que la CAM ha desaparecido -integrada en el Sabadell, tras su intervención- y las cajas rurales de Callosa, Altea y Petrer forman ahora parte del grupo Cajamar.
Del mismo modo, el informe destaca la consiguiente reducción del número de sucursales, que ha caído un 39,7%, al pasar de 1.736 a 1.046 entre 2008 y 2016. Unos cierres en los que, como recuerda la autora, también han influido la irrupción de las nuevas tecnologías y el sobredimensionamiento que alcanzó la red en plena burbuja inmobiliaria. En este sentido, Pardo también recuerda que fueron en concreto las cajas las que jugaron un importante papel en el desaforado crecimiento del crédito que se produjo en esta etapa -cuando el volumen de préstamos subía 20 puntos más que el PIB, según recalca la especialista, y, en concreto, las que más apostaron por el sector inmobiliario. Así, estas entidades llegaron a concentran entre el 60% y el 70% del crédito a la construcción y promoción inmobiliaria. Una apuesta que influyó decisivamente en el destino que sufrió gran parte del sector.
Adiós a la CAM
Gloria Pardo también dedica un extenso apartado a relatar el proceso de declive que llevó a la CAM a la quiebra. Entre otros aspectos, recuerda que la propia entidad ya avisaba de muchos de los problemas que la llevarían a la ruina en el folleto de emisión de las cuotas participativas. Un documento en el que, según la investigadora, la entidad reconocía «un incipiente incremento de la morosidad», su «fuerte dependencia de los mercados monetarios» o su gran exposición al sector inmobiliario. Pardo recuerda, además, las supuestas malas prácticas de sus directivos, por los que han sido juzgados y están a la espera de sentencia.
