El delegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, dio aconocer ayer el resultado del informe semestral sobre la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social e informó de que, en este periodo, se ha investigado a 1.027 empresas y 4.298 personas físicas.
El citado informe se ha realizado tras el convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Interior sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según un comunicado de la Delegación de Gobierno, como resultado de algunas de las actuaciones llevadas a cabo, se ha detenido a 106 personas por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra el derecho de los trabajadores y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, entre otros.
Moragues señaló que los resultados de estas actuaciones demuestran «la gran eficacia y coordinación de los agentes policiales y la Inspección de Trabajo». Entre las actuaciones realizadas por la Policía Nacional, destaca la desarticulación de un grupo que realizaba altas a la Seguridad Social para las que trabaja como gestor, cobrando por ello a los supuestos trabajadores que, a través de estas altas, solicitaban prestaciones del SEPE y autorizaciones de residencia, en el caso de extranjeros. Según informó Moragues, también se desarticuló un taller de confección clandestino en el que se encontraban 8 trabajadores extranjeros sin dar de alta y sin contrato realizando jornadas de trabajo de 11 horas diarias, de lunes a sábado.
El delegado del Gobierno en la Comunidad indicó «la lucha contra el fraude laboral es una prioridad del Gobierno para garantizar los derechos laborales y la calidad de las condiciones de trabajo y, en el caso de las empresas, se debe luchar contra la competencia desleal de aquellas que no cumplen con sus obligaciones frente a las que sí lo hacen».
El convenio suscrito hace dos años facilitó el acceso de la Policía Nacional a las bases de datos de la Administración de la Seguridad Social y la cesión de los mismos, una fuente de información que, según el delegado del Gobierno, «permite dar solidez y agilidad a las investigaciones desarrolladas por las unidades de la Policía Nacional». «El convenio recoge medidas para impulsar y perfeccionar la cooperación desarrollada hasta ahora entre la Seguridad Social y la Policía Nacional, y los resultados demuestran que es un buen instrumento para proteger los derechos de los trabajadores», indicó Moragues.
