El Consell no parece dispuesto a conceder ni un minuto de tregua a Coepa. Mientras la patronal alicantina trata de frenar en los juzgados el expediente de reintegro que le obliga a devolver 1,9 millones de euros al Servef por la subvenciones que recibió para la construcción y puesta en marcha de su fallido centro de oficios, el organismo público ha remitido a la organización empresarial un nuevo requerimiento de 700.000 euros por los intereses de demora de esas mismas subvenciones. O dicho de otra forma, como la Administración considera que Coepa no debió recibir ese dinero, le exige ahora que pague por el tiempo que lo ha tenido en su poder.
Una exigencia que no ha sentado nada bien al presidente de los empresarios alicantinos, Francisco Gómez, que la enmarcó en «la política de acoso y derribo que la Generalitat ha decidido emprender contra nosotros». Al respecto, Gómez se mostró convencido de que los tribunales les acabarán dando la razón porque, a su juicio, «se ha demostrado que no se duplicó ninguna factura, nadie metió la mano en la caja, y el centro nunca ha cambiado de finalidad. Sigue destinado a formación». Por eso, de momento, ya han presentado un recurso de reposición contra este nuevo requerimiento y esperan que también los tribunales les digan pronto si aceptan su petición de suspensión cautelar del expediente de reintegro original, hasta que haya sentencia definitiva.
Pero, además, la Generalitat también ha remitido otro escrito a Coepa para exigirle que se haga cargo de su parte proporcional de la devolución de subvenciones que dejó pendiente Cierval antes de desaparecer, por la que debería abonar otros 153.000 euros al Gobierno autonómico. Otra petición que también piensan recurrir.
Enfrentamiento con la CEV
Y, mientras la vía judicial sigue su curso, el comité ejecutivo de Coepa aprobó ayer continuar con su estrategia para obligar a la CEV a negociar el nuevo modelo de patronal autonómica o, en caso de que el entendimiento no sea posible, para poner en marcha una patronal alternativa junto a Cepyme Alicante y la CEC castellonense, un proyecto al que también se habría sumado ya Cepyme Castellón, según Gómez. Así, tal y como avanzó este diario, Coepa va a impugnar los nombramientos de representantes que realice la CEV para sustituir a los que tenía Cierval en distintos foros y organismos oficiales. Las primeras impugnaciones serán las del Observatorio de la Industria y el Consejo Tripartito de Relaciones Laborales, donde la organización presidida por Salvador Navarro ya ha designado a sus portavoces, entre ellos los alicantinos Guillermo Moreno (Fempa) y Marián Cano (Avecal).
Al respecto, desde Coepa señalan que su oposición no es a que Moreno y Cano formen parte de este organismo, lo que rechazan es que lo hagan en nombre de la CEV. La cuestión no es menor ya que de ello depende el cobro de las subvenciones que la Generalitat otorga a patronales y sindicatos a través de la denominada Ley de Participación Institucional. De momento, Coepa presentará recursos ante la propia administración pero ya ha dejado claro que acudirá a los tribunales de justicia si sus peticiones no son atendidas.
Por otro lado, el comité de Coepa también aprobó la incorporación como socio de la Unión Profesional de Alicante, que agrupa a los principales colegios oficiales de la provincia, y autorizó al presidente de la patronal a realizar las gestiones para poner en marcha una nueva confederación con Cepyme.
