Heredar no siempre resulta un buen negocio. Y, menos aún, desde que el estallido de la burbuja desplomó el valor de los inmuebles y la crisis dejó a muchos beneficiarios sin la liquidez necesaria para abonar los impuestos y los gastos de legalizar un legado. Tanto es así que, desde el inicio de la crisis económica, se ha multiplicado por cinco el volumen de alicantinos que cada año formaliza su renuncia a heredar con el objetivo de evitarse problemas con el fisco o con los acreedores del fallecido aunque, a medida que el conocimiento de esta práctica se extiende, la casuística se ha vuelto cada vez más variada y también hay quien, simplemente, «no quiere tener nada que ver con su familia», según explica el vicedecano del Colegio Notarial de Valencia, el alicantino Delfín Martínez.

De esta forma, de lo que era una práctica casi anecdótica en 2007, cuando apenas se registraron 286 casos en toda la provincia, se ha pasado a las 1.485 renuncias formalizadas el año pasado y la tendencia parece continuar durante el presente ejercicio. Así, en los primeros tres meses del año ya se han presentado otras 384 peticiones, un 12% más que en el mismo periodo de 2016, a pesar de la mejora que ha experimentado la economía.

En total, desde el inicio de la recesión ya son 8.540 los alicantinos que han preferido perder una herencia antes que arriesgarse a que les costara más dinero del que podían recibir.

Falta de liquidez

Como señala el vicedecano de los notarios de la Comunidad, el principal motivo de este aumento está en la crisis económica y, en especial, en la debacle del sector inmobiliario, que dificulta rentabilizar un legado cuando se trata de un piso o un terreno, sobre todo cuando los herederos ya son un grupo numeroso al entrar en juego nietos y sobrinos. «Hace diez años había bofetadas por un cuarto de casa pero ahora muchas veces te encuentras con que el inmueble es ilíquido, que no se puede vender o hay que hacerlo por un precio muy bajo y la gente no quiere conflictos», explica Delfín Martínez.

Igualmente, la caída de las tasaciones también ha provocado numerosos casos en los que el inmueble ni siquiera da para cubrir su propia hipoteca -en especial si se compró en los años del «boom», cuando los préstamos se daban sin problemas por encima del valor real de venta-, o bien resulta insuficiente para satisfacer el resto de deudas que tenía contraídas el finado. En este sentido, no hay que olvidar, por ejemplo, los avales que muchas personas de edad avanzada concedieron a sus hijos para comprar casa en plena burbuja.

A ello hay que sumar que recibir una herencia obliga a pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y también la Plusvalía Municipal, lo que puede suponer un importante dispendio que, en estos momentos, muchos no están en condiciones de afrontar al haber perdido el empleo o tener un puesto de trabajo precario.

Mejor no precipitarse

Junto a estos casos de carácter económico, Delfín Martínez también señala la existencia de casos en los que esta renuncia simplemente refleja las malas relaciones familiares -«hay hijos que no quieren saber nada de sus padres», asegura- y también cierto componente de «moda». «Por desgracia, la gente ha empezado a oir que existe esta posibilidad y hay muchas personas que ni siquiera analizan si realmente van a perder o ganar dinero o qué opciones tienen, y se precipitan», asegura Martínez, que recomienda acudir siempre a un notario antes de tomar cualquier decisión.

Por ejemplo, se han dado casos en los que un hijo ha renunciado a la herencia de su padre sin pensar que el siguiente en la línea de sucesión era un nieto menor de edad. «En este caso todo se complica porque, para que ese menor también pueda renunciar, debe intervenir un juez y hay que demostrar que no va a salir perjudicado. Es vital analizar caso por caso, saber si hay testamento, qué dice... No es algo para tomarse a la ligera», insiste el vicedecano.

Al respecto, Martínez recuerda que mientras no haya un requerimiento notarial o judicial, nadie está obligado a decir si se declara heredero o si prefiere renunciar, por lo que considera que tampoco hay motivos para correr. «Se puede intentar negociar una dación en pago con el banco o poner en venta la propiedad para ver si realmente puede lograrse un precio adecuado», aconseja. Claro está, la cosa cambia si Hacienda o el ayuntamiento de turno reclaman su parte e instan el citado requerimiento, algo que tampoco es extraño con los medios informáticos y los cruces de datos que efectúan hoy en día las administraciones. Entonces sí, lo mejor es decidirse rápido.