29 de julio de 2017
29.07.2017
Pasará a manos del Estado en 2018

El juzgado retoma la liquidación de la circunvalación de Alicante que pasará a manos del Estado en 2018

El Consejo de Ministros aprueba el convenio que permitirá a la sociedad pública Seittsa hacerse cargo de las autopistas rescatadas hasta su nueva adjudicación

31.07.2017 | 23:43
Uno de los peajes de la circunvalación de Alicante, en una vista aérea.

El Gobierno deberá pagar a los acreedores de la vía alicantina alrededor de 400 millones por la Responsabilidad Patrimonial de la Administración.

El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha vuelto a reactivar el proceso de liquidación de la empresa concesionaria de la circunvalación de peaje de Alicante -Ciralsa- después de que fracasara el nuevo intento por llegar a un acuerdo de convenio con los acreedores. De esta forma, la vía alicantina se convertirá en una de las primeras en pasar a manos del Estado, probablemente entre los meses de enero o febrero del próximo año, después de que ayer mismo el Consejo de Ministros aprobara el convenio que permitirá a la sociedad pública Seittsa hacerse cargo de las autopistas quebradas hasta su nueva adjudicación.

Como publicó este diario, la Audiencia Provincial de Madrid había obligado al Juzgado a rectificar su decisión contraria al convenio de acreedores que había propuesto la concesionaria, que planteaba una quita del 50% de su deuda ordinaria. De esta forma, obligaba al juzgado a interrumpir la liquidación y a que se celebrara la junta de acreedores para que se pudiera votar el documento. La reunión estaba prevista para mediados de este mes pero ya en junio la propia Ciralsa -cuyos propietarios son ACS, Abertis y Globalvía- decidió retirar su propuesta al ver que no iba a prosperar. Entre otras cosas, porque desde que se formuló la identidad de los acreedores ha cambiado ya que las entidades bancarias que habían financiado las obras -Bankia, la Caixa, el Sabadell y varios bancos extranjeros- habían vendido la deuda a fondos buitre, que consideran más rentable cobrar la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA).

Es decir, la indemnización que debe abonar el Estado por recuperar la carretera y que en el pliego de concesión se fijó en un máximo de 398 millones de euros, a los que habría que sumar otros 100 millones por los sobrecostes que se produjeron en las expropiaciones. No obstante, teniendo en cuenta que ya han transcurrido unos diez años de concesión, las fuentes consultadas consideran que la cifra final que pagará el Estado por la vía alicantina se aproximará más a los 400 que los 500 millones o, incluso, algo menos, ya que depende de una fórmula compleja y Fomento intentará rebajarla el máximo posible.

En cualquier caso, como apuntó ayer el Gobierno, el objetivo es recuperar la mayor parte de esa cantidad con la nueva adjudicación de la autopista, que se prevé para finales de 2018.

Los próximos pasos

En cualquier caso, como se apuntaba, la negativa de los acreedores ha supuesto la reactivación del proceso de liquidación de Ciralsa, que se declaró en concurso en junio de 2013 con una deuda cercana a los 450 millones. El administrador concusal, de hecho, ya está redactando el plan de liquidación, que se prevé que esté listo para el 15 de septiembre. También se está contactando ya con todos los proveedores y el juez que lleva el asunto incluso se ha reunido con los representantes de los trabajadores para explicarles la situación. Si no hay cambios, en principio el traspaso de la titularidad de la vía de Ciralsa a Seittsa no debería afectar a la plantilla, que mantendría sus puestos de trabajo.

Además de la circunvalación de Alicante, está previsto que esta sociedad pública se haga cargo de otras ocho autopistas: las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la que une la capital con Barajas y la de Cartagena-Vera. La responsabilidad patrimonial de todas ellas asciende a unos 3.600 millones.

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