Las cuotas participativas se vendieron como cualquier otro producto e informando a los compradores de sus características y de sus riesgos. De esta forma definieron ayer el operativo de venta de estos valores cuatro exempleados de la CAM que comparecieron ante la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. La juez investiga si se cometió delito en la comercialización de este producto tras ordenarlo la Audiencia, que hasta en tres ocasiones le ha obligado a reabrir un proceso archivado por ella otras tantas veces.
Propuestos por el letrado Diego de Ramón, quien representa a cerca de un millar de afectados por la compra de cuotas, los cuatro extrabajadores de la CAM, algunos de ellos en la plantilla del Sabadell en la actualidad, aseguraron que a los clientes se les entregaba un tríptico donde se describían.
Citados en calidad de testigos afirmaron también que a los compradores se les explicaba que se trataba de algo similar a la acción, pero sin derecho a voto, y que podían perder lo invertido si la caja quebraba, según coincidieron en explicar fuentes presentes en las comparecencias, que se celebraron por videoconferencia.
Los comparecientes, que en principio iban a ser ocho y de los que dos de ellos declararán en septiembre (a los otros dos se ha renunciado) dijeron también que no habían recibido ninguna indicación expresa por parte de sus superiores sobre cómo tenían que venderse las cuotas y que los test de conveniencia se solían hacer, aunque hubo uno de los testigos que aseguró que al principio no se cumplimentaban.
De mantenerse en esta misma línea los dos testigos que faltan, todo apunta a que la magistrada volverá a dar carpetazo a esta causa. En la principal, que acaba de juzgarse, se ha dado cabida a quienes compraron entre marzo y julio de 2011, cuando las cuentas de la CAM estaban supuestamente falseadas.
