El dueño y la encargada de una panadería de Alicante han sido condenados a sendas penas de tres meses de cárcel y multas de 270 de euros por explotar a varios empleados, algunos de ellos inmigrantes irregulares, a los que no tenían dados de alta en la Seguridad Social. Además, les pagaban un sueldo inferior al salario mínimo interprofesional y los trabajadores carecían de días de descanso, según la sentencia.
La resolución judicial suspende la ejecución de esas condenas a los procesados, lo que evita su entrada en prisión, siempre y cuando no vuelvan a delinquir en el plazo de dos años. La vista oral por esta causa se celebró el pasado mes de junio en el Juzgado de lo Penal 6 de Alicante y concluyó con un acuerdo entre la fiscalía y las defensas, después de que los procesados se declararan culpables de un delito contra el derecho de los trabajadores.
El ministerio público solicitaba inicialmente para ellos sendas condenas de 15 meses de cárcel y multas de 2.160 euros, pero rebajó sus pretensiones al admitir que el juzgado les aplicara atenuantes de dilaciones indebidas por el retraso en la tramitación del proceso.
Los hechos ocurrieron entre 2011 y 2012, cuando el dueño y la encargada de la panadería emplearon a varias personas que atravesaban una situación de precariedad económica para aprovecharse de ellos y obtener así «un mayor lucro económico», según recoge la resolución, que ha sido declarada firme. Algunos de esos empleados eran españoles en paro y otros, extranjeros que carecían de documentación para residir y trabajar legalmente en España.
Los afectados no tenían contrato ni estaban dados de alta en la Seguridad Social y cobraban un sueldo inferior al salario mínimo interprofesional pese a trabajar más horas de las debidas y carecer de días de descanso. En mayo de 2012, como sabían que algunos de sus empleados los habían denunciado y «temerosos de las consecuencias» que podían derivarse de la visita que habían cursado inspectores de Trabajo a la panadería, ubicada en la calle Pintor Melchor Aracil de Alicante, los acusados acudieron a su gestoría habitual para regularizar esas «anomalías».
