Las patronales de Alicante y Castellón están dispuestas a poner en marcha su propia organización autonómica alternativa si la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) que preside Salvador Navarro no rectifica y reconoce el papel de las organizaciones provinciales en su estructura. Así lo advirtieron ayer los presidentes de Coepa, Francisco Gómez, de Cepyme Alicante, Cristóbal Navarro, y de la CEC, Néstor Pascual, tras la reunión que mantuvieron en la sede de la castellonense, en la que acusaron al dirigente valenciano de pretender crear «un chiringuito a medida» con su proyecto y de no respectar los principios de la CEOE, que «se constituye en base a entidades provinciales».
Una medida con la que pretenden presionar a la CEV para que se avenga a negociar con ellas, ante la falta de interés que demuestra la patronal valenciana, cuyos dirigentes están convencidos de que, tanto la CEC, como Coepa acabarán desapareciendo más pronto que tarde por los problemas económicos y judiciales que arrastran y les dejarán vía libre para su proyecto. Un proyecto en el que se suprime la representatividad que hasta ahora tenían las patronales provinciales en la confederación autonómica para otorgársela a los sectores y las empresas.
Sin embargo, parece claro que Alicante y Castellón no están dispuestos a darse por vencidos y, entre otras cosas, le recuerdan a Navarro que -al menos en teoría- la suma de estas dos provincias de la Comunidad sigue siendo mayor que la de Valencia. Por eso, también quieren que la Generalitat intervenga en el conflicto o que, al menos, no se posicione tan claramente a favor del proyecto de la CEV, por lo que solicitarán una reunión con la Conselleria de Economía.
Además, tal y como avanzó este diario, los empresarios alicantinos y castellonenses tampoco están dispuestos a que la CEV continúe copando los sillones que ha dejado libre la desaparición de Cierval en distintos organismos públicos y por los que la Generalitat abona las subvenciones de la Ley de Participación Institucional. Así, ayer reiteraron su intención de impugnar los nombramientos que se produzcan, sobre todo si el sustituido es un representante de Coepa o de la CEC, aunque ocupara el cargo oficialmente en nombre de Cierval.
Proyecto «integrador»
En cualquier caso, las patronales de Alicante y Castellón dejan claro que su objetivo prioritario es consensuar una única patronal autonómica «integradora», que respete la idiosincrasia del modelo provincial. «En caso contrario -señaló Francisco Gómez- se llame CEV o se llame como se quiera, no será representativa, será un invento de alguien que se atribuye de manera autónoma, exclusiva y personal la representación de toda una Comunidad, sin contar con todos y cada uno de los territorios que lo conforman».
En la misma línea, Gómez aseguró que hay «muchas opciones» -como la propuesta que le remitió Coepa de pagar 100 vocalías en la asamblea de la CEV a cambio de que ésta asumiera sus gastos- pero que todas ellas tratan de evitar que la futura entidad autonómica se convierta en «una plataforma personal». «Hay que evitar la tentación de crear un chiringuito a medida de determinados sectores y determinado territorio. Además, sin el resto de Castellón y Alicante su legitimidad de esta entidad sería nula», recalcó el también promotor.
Intereses específicos
Por su parte, el presidente de la gestora de la confederación de Castellón, Néstor Pascual, opinó que «la defensa específica de los intereses territoriales y concretamente de los empresarios de Castellón, no puede estar representada exclusivamente por una asamblea valenciana: ¿acaso la CEV va a defender la regeneración de las playas de Castellón, el problema de la liberación del peaje de la autopista, la carencia de infraestructuras en comunicaciones y carreteras, la proyectada y nunca empezada A-68?», se preguntó.
Por su parte, Cristóbal Navarro, defendió que «solo desde el consenso y la negociación se puede llegar a una organización autonómica real y representativa de todos los empresarios de la Comunidad Valenciana» y que la negativa de Salvador Navarro «constituye una cacicada que no puede ser apoyada por el Gobierno de la Generalitat en contra de las provincias periféricas de nuestra Comunidad». «La realidad empresarial no se identifica con un modelo todavía más servil que el anterior y que ha sido inventado por quien defiende que los presidentes de las organizaciones tengan retribuciones astronómicas», concluyó Navarro.
