Sindicatos y patronal llegaron ayer a un principio de acuerdo sobre uno de los convenios de mayor repercusión de la provincia: el de la Industria, los Servicios y las Tecnologías del Metal. Un heterogéneo sector que agrupa desde instaladores eléctricos hasta compañías de telecomunicaciones o los talleres mecánicos, y que emplea a más de 37.000 profesionales en Alicante. Entre las principales condiciones pactadas, -que hoy deberán refrendar los representantes de Fempa, CC OO y UGT- destaca una subida salarial acumulada del 5,4% en los próximos tres años, con una cláusula de revisión técnica automática ligada al IPC; además de distintas medidas para frenar el avance de las denominadas empresas multiservicios -que muchas compañías usan casi fraudulentamente para rebajar sus costes salariales- y otras para favorecer la flexibilidad de la jornada o la implantación de incentivos por productividad.
De esta forma, el convenio del metal se suma a los de otros sectores, como el de la hostelería, que ya empiezan a reflejar la mejora de la situación de las empresas y permiten a los trabajadores recuperar algo de poder adquisitivo. «Es lógico que la recuperación se empiece a trasladar a los trabajadores, aunque de forma moderada, aplicando el sentido común», señalaba ayer el secretario general de Fempa, Luis Rodríguez.
«Ha habido un cambio sustancial. En la negociación de los últimos convenios sólo hablábamos de los problemas de las empresas y de cómo solucionarlos. Ahora ya hablamos de recuperar condiciones laborales», apuntaba, por su parte, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de CC OO-PV, Juan José Picazo. «También se empiezan a dar pasos para garantizar la estabilidad del empleo», destacó el responsable de Política Sindical y Salud Laboral de UGT-FICA, Guillermo Forment.
En este sentido, la subida salarial será de un 2% en 2017 -que se aplicará a partir del 1 de agosto-; de un 1,8% en 2018 y de un 1,6% en 2019. En estos dos últimos casos, si la inflación supera la cifra fijada para alguno de los ejercicios, se incrementaría la diferencia automáticamente en las tablas salariales del siguiente año, aunque no se pagarían atrasos.
Entre las novedades más destacadas del nuevo convenio provincial del metal está la inclusión de una cláusula que obligará a las empresas que opten a alguna contrata pública a subrogar la plantilla del anterior concesionario. De esta forma se pretende evitar que las compañías jueguen con los salarios de los empleados para rebajar el precio de su oferta y llevarse la adjudicación.
En la misma línea de lucha contra los abusos, el convenio también obligará a que las empresas multiservicios que trabajen para compañías del sector deban pagar los mismos salarios que la firma que los contrata. Una medida para evitar que las empresas sustituyan a operarios propios por otros subcontratados a través de estas compañías, a los que pagan salarios mucho menores. Una práctica que se puso de actualidad por las denuncias de las camareras de hotel pero que empieza a extenderse también en las fábricas.
Más flexibilidad
A cambio de estas cesiones, los sindicatos han aceptado la inclusión de medidas para favorecer la flexibilidad. Así, se aumenta de 130 a 150 la bolsa de horas de la jornada anual de los trabajadores que las empresas pueden distribuir de forma irregular para atender las puntas de demanda. También se favorece que las compañías puedan vincular una parte del salario al cumplimiento de objetivos de productividad, mediante la creación de su propio sistema de incentivos.
El acuerdo, que ha tardado ocho meses en gestarse, garantizará la paz social en el sector durante los próximos tres años y contrasta con la ruptura de las negociaciones para alcanzar un acuerdo salarial a nivel nacional.
