La crisis económica ha provocado importantes cambios en la distribución de la renta en nuestro país. Si, por un lado, la devaluación interna auspiciada por el PP ha provocado que los salarios tengan un peso cada vez menor en el PIB nacional y que aumente el porcentaje correspondientes a los beneficios empresariales; ese mismo fenómeno de abaratamiento del factor trabajo ha contribuido también a que la distancia entre los ingresos de los empleados en activo y los que perciben los jubilados sea cada vez menor. O dicho de otra forma, que los sueldos cada vez sacan menos ventaja a las pensiones.
Así ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de la provincia, donde la brecha que separaba a unos y otros se ha reducido a la mitad desde el inicio de la crisis, de acuerdo con el análisis realizado por el Instituto de Estudios Económico de Alicante (Ineca), que alerta de las importantes consecuencias que esta situación puede tener sobre la recuperación del consumo -y, por tanto, la recuperación económica en general- pero también para la sostenibilidad del propio sistema de pensiones.
En concreto, según los cálculos del director de Estudios de Ineca, Francisco Llopis, si en el año 2007 los trabajadores en activo de la provincia ganaban de media un 62,9% más que un jubilado -15.073 euros sobre 9.248-; en 2015 ya sólo ganaban un 30,3% más. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el salario medio en Alicante apenas ha mejorado en todos estos años -en 2015, el último con datos, se situaba en 15.425 euros, sólo 352 más que al inicio de la recesión-, mientras que las pensiones sí han mejorado notablemente en este tiempo, sobre todo en la primera mitad de la crisis, cuando el Gobierno aún no había aprobado la reforma que desligó su importe de la evolución del IPC.
De este forma, las ganancias medias de un pensionista alicantino alcanzaban en el citado año 2015 los 11.838 euros, casi 2.600 euros más que en 2007. Una mejora que, como señala Llopis, en principio resulta positiva y contribuye a dignificar los ingresos de los mayores pero que puede llevar a importantes desequilibrios, ante la falta de correspondencia de esta evolución con los salarios.
«Hay que tener en cuenta que son los trabajadores en activo, los jóvenes, los que compran casas, los que tienen hijos y, en definitiva, los que realmente mueven en consumo mientras que los jubilados no suelen tener el mismo nivel de gasto, aunque su poder adquisitivo se lo permita», apunta el también profesor universitario. Es decir, que esta redistribución de los ingresos puede llevar a que la recuperación del consumo sea más lenta de lo que debiera y, por tanto, también se tarde más en recuperar el nivel de actividad económica. Un peligro del que ya alertó el propio presidente de Ineca, Perfecto Palacio, hace ahora un año, cuando advirtió de los riesgos de que las empresas estuvieran ganando competitividad únicamente a través de la reducción de los costes salariales.
Pero, además, Francisco Llopis recuerda que esta evolución dispar también pone en jaque a la propia Seguridad Social, que debe sufragar pensiones cada vez más elevadas con las cotizaciones que generan unos salarios cada vez más depauperados. Así, no es de extrañar que el Gobierno se haya visto obligado a recurrir al fondo de reserva cada vez que debía abonar una paga extra, hasta el punto de que esta hucha está a punto de agotarse. En el caso de la provincia de Alicante, por ejemplo, los ingresos por cotizaciones sólo fueron capaces de cubrir el 88% de la factura de las pensiones contributivas durante el año 2015, tal y como ya publicó este diario.
Se frena la tendencia
En cualquier caso, el análisis de Ineca también señala que este recorte de la distancia entre salarios y pensiones se ha frenado en el último año. Eso sí, no porque los sueldos empiecen a recuperar poder adquisitivo, sino porque la reforma aprobada por el Gobierno en 2012 ha frenado en seco el crecimiento de las prestaciones, que apenas se han visto revalorizadas en un 0,25% anual desde entonces.
