21 de julio de 2017
21.07.2017

«¿Que el dinero es etéreo? Que se lo pregunten a los que compraron cuotas»

La Fundación CAM defiende en la última sesión del juicio que sea el Sabadell quien indemnice a los afectados por las participativas. Lo justifica en que es el ente bancario que tiene lo que se sacó por su venta

21.07.2017 | 09:19

El banco dice que lo que se obtuvo «se diluyó en el torrente financiero».

La última jornada del juicio de la CAM, en la que ayer quedó visto para sentencia el proceso a la última cúpula de la caja por el supuesto falseo contable y el cobro indebido de retribuciones, la consumió la pelea entre la Fundación CAM y el Banco Sabadell, las dos instituciones llamadas, en caso de condena, a indemnizar a los perjudicados por los hechos atribuidos a los acusados allí donde no alcancen los 40 millones consignados ya por la aseguradora Caser. Una guerra que libró con acierto el abogado Alejandro Figueroa en nombre de la heredera de la Obra Social de la caja, quien batalló pertrechado por la reciente sentencia del Supremo que obliga al banco a asumir las indemnizaciones por las cuotas estableciendo la responsablidad subsidiaria de la Fundación sólo cuando la entidad catalana no cumpla.

«Contante y sonante»

Insistiendo en lo que ha mantenido a lo largo de la vista, el letrado sostuvo que una cosa es la condición de emisor y otra, dónde fue a parar lo que se obtuvo con la venta de las cuotas, «que no es otro lugar que al Sabadell». Un argumento que quiso rebatir su colega Cristina Coto (quien informó en ausencia de Carlos Aguilar, abogado de Miguel Blesa, además del Sabadell) con la teoría de que el dinero es fungible y que, una vez entra en el torrente financiero, se diluye. «¿Que el dinero es etéreo? El dinero es contante y sonante. Que se lo pregunten a los que compraron cuotas participativas», dijo Figueroa en alusión a los pequeños inversores a quienes nadie ha compensado y han perdido sus ahorros. En respuesta a la insistencia de la entidad catalana en que la Fundación es la heredera de la CAM y la que debe responder por las cuotas dado que no pudieron traspasarse al banco al tratarse de un producto exclusivo de las cajas, Figueroa recordó que «todos somos prisioneros de nuestros actos y si el Sabadell ha venido compensando a los que tenían cuotas, será por algo».

Para apuntalar su tesis esgrimió el abogado de la Fundación la escritura de segregación, «donde queda claro que las cuotas, como una parte del negocio financiero, están en el Sabadell». Un traspaso del que el banco se benefició desde el punto de vista fiscal por precisamente ser total, sin excluir estos valores», apuntó el letrado.

Frente a las afirmaciones de Cota en el sentido de que «la CAM sigue ahí (porque la Fundación conserva el mismo NIF que la caja), Figueroa reiteró que «ni un euro de lo recaudado por las cuotas pasó a la Fundación, que el único activo líquido que tiene es la cuenta corriente de la Obra Social».

En su doble papel de defensa (como responsable civil subsidiario ante las cuotas) y de acusación (por la actuación de la excúpula), el abogado de la Fundación se refirió al Sabadell como «sucesor universal de la caja y responsable directo en derechos, obligaciones y responsabilidades, lo mismo que mantiene la reciente sentencia del Supremo», concretó. «Las cuotas están en el Sabadell, aunque tengan otro nombre, y es en ese negocio financiero donde se cometieron los delitos, luego la Fundación CAM en ningún caso es responsable, es la perjudicada», sentenció.

«Nadie ha venido a reclamar»

No lo ve así la representante del Sabadell, quien puso énfasis en la falta que pruebas que permitan afirman que hay relación entre las cuentas falsas y el perjuico a los inversores. «Habrá que probar si se produjo ese daño porque nadie ha venido a reclamar nada», dijo la letrada, quien dudó de que los compradores de cuotas repararan en las cuentas antes de adquirirlas.

Coto recordó que al Sabadell ya le ha costado esta causa 25 millones, en alusión a la fianza que reclamó la instructora para hacer frente al posible quebranto de los cuotapartícipes que representa el letrado Diego de Ramón. La letrada se quejó de que «él los cifre en 700 pero que con la acotación hecha por el fiscal (quienes compraron entre marzo y julio de 2011) se quedan en 35, cuya indemnización se concreta en 50.000 euros».

La sentencia podría estar lista en otoño.

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