En la misma línea de perfil bajo que discurrió su declaración ante el tribunal dibujó ayer su letrada al último expresidente de la CAM, Modesto Crespo. En un exposición clara y precisa, Adriana de Bueren respondió a las únicas acusaciones a las que se enfrenta su cliente (la Fundación CAM y la popular de Diego de Ramón), definió a Crespo como un consejero más sin ninguna labor ejecutiva y aseguró que se limitaba a cumplir con su función institucional y a firmar lo que le ponían delante y venía avalado por el director del área de que se tratara.
«En los 22.000 folios de la causa apenas hay referencias a mi cliente. Sí que es verdad que aparece en las cartas que manda el Banco de España, pero porque es el representante institucional», explicó la letrada para añadir que «él cumple con su función, lo que ocurra después, para bien o para mal, es responsabilidad de la dirección general», que es la que gestiona.
De Bueren aseguró que de las cuentas Crespo no tenía más información ni más competencias que un consejero: «escuchar y aprobarlas». Y que aunque hubiera tenido información de las titulizaciones, no hubiese sido capaz de calibrar si eran o no operaciones correctas.
En cuanto a las remuneraciones, la defensa del empresario insistió que estaban aprobadas por la comisión de retribuciones y por el consejo de administración pero que, en cualquier caso, «si no tiene responsabilidad alguna en las cuentas» que supuestamente se engordaron para poder aumentarlas, «tampoco la puede tener» en los incrementos que, según precisó la letrada en relación al exceso abonado en el caso de las pensiones vitalicias, Crespo «arregló».
